El presidente Hugo Chávez dio un paso más en el proceso de toma de control de los sectores estratégicos de la economía venezolana, al nacionalizar la industria cementera, luego de que fue suspendida la venta de títulos de la expropiada empresa mexicana Cemex.
Cemex fue expropiada el lunes, tras negarse a un acuerdo amistoso tal como hicieron las empresas cementeras Lafarge (de Francia) y la suiza Holcim Ltd., que aceptaron la participación mayoritaria de Estado en sus empresas.
El Gobierno pagó 819 millones de dólares por el 89 por ciento del capital de Lafarge (267 millones de dólares) y el 85 por ciento de Holcim (552 millones de dólares).
Ayer, el Ministro de Finanzas de Venezuela, Alí Rodríguez, informó que el valor de la filial de Cemex, calculado según el precio de su acción en la Bolsa de Valores, sería inferior a los 400 millones de dólares.
El Gobierno informó que Cemex estaba pidiendo unos un mil 300 millones de dólares por sus activos.
MÉXICO PIDE LEGALIDAD
Cemex produce el 50 por ciento del cemento en Venezuela, Lafarge y Holcim un 25 por ciento cada una. La producción de cemento en el país en 2007 totalizó 10.2 millones de toneladas.
Tras conocer de la expropiación, la Cancillería mexicana informó que su embajador en Venezuela, Mario Chacón, pidió al gobierno de Chávez continuar negociaciones con Cemex “sobre la base de los principios de diálogo, trato no discriminatorio, concertación y apertura, y conforme al marco legal aplicable”.
La estatización de la mayor cementera del país tuvo repercusiones inmediatas en los mercados de valores local e internacional, y la estatal Comisión Nacional de Valores suspendió ayer la venta de las acciones de la cementera.
Por su lado, empresarios privados, como la firma BBO Servicios Financieros, alegaron que esa medida “establece un precedente negativo” para la Bolsa de Valores, porque va contra las leyes venezolanas que prevén protecciones para los accionistas minoritarios.
Las críticas contra esta medida son muchas. El economista José Guerra, ex gerente del Banco Central, dijo que las nacionalizaciones de las cementeras no deben verse como una acción aislada, sino como un plan del gobierno de Chávez para “estatizar la economía”.