El diputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios dijo que los contralores tienen temor de iniciar una verdadera auditoría al Gobierno, en específico auditar el origen de los fondos que utilizan los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) para costear una campaña publicitaria en la que acusan al candidato a Alcalde de Managua, Eduardo Montealegre y a LA PRENSA, de ser los supuestos responsables “del robo del siglo”.
Chamorro, representante por la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) y otros ocho diputados introdujeron ante la Contraloría General de la República (CGR) una segunda carta en la que piden una investigación al Estado, para descubrir si alguna de sus entidades financia irregularmente a los CPC.
Semanas atrás unos treinta diputados, a solicitud de Chamorro, habían enviado a la CGR una primera carta para que investigara de dónde obtienen dinero los CPC para su campaña publicitaria.
“Aparentemente los contralores tienen cierta aversión de investigar o auditar al Gobierno, porque han habido otras denuncias, como el excesivo gasto, el derroche oficial del cinco de julio (cuando se celebró el Repliegue) y el 19 de julio (aniversario de la revolución sandinista)”, dijo Chamorro.
CONTRALORES “CAPEAN EL BULTO”
En una primera respuesta, indicó Chamorro, los contralores pidieron a los diputados que señalaran cuáles serían las dependencias públicas que podrían financiar a los CPC.
Los legisladores recomendaron a la CGR, en una segunda carta, iniciar las indagaciones en el Consejo de Comunicación y Ciudadanía para el Desarrollo Social, que dirige la primera dama, Rosario Murillo, y en la Secretaría de la Presidencia.
“Bien pueden, perfectamente, investigar (los contralores) esa institución, para ver si esas pautaciones se han financiado con dinero del Gobierno”, sostuvo Chamorro.
Hasta ahora la CGR no ha tomado ninguna acción. El contralor Guillermo Argüello Poessy afirmó que la segunda carta de los legisladores todavía no ha sido tema de análisis por el órgano colegiado.
