El gobierno de Daniel Ortega es tan equívoco y oscuro que hasta las pocas cosas buenas que hace, o tiene la intención de hacer, las enreda y dificulta su comprensión incluso para los expertos en asuntos de negocios y de gobierno. Es más, pareciera que a este Presidente no le interesa presentarse como un administrador de la cosa pública, de manera que él mismo confirma lo que dijera la ex comandante del FSLN y ministra de Salud en el primer gobierno sandinista, Dora María Téllez, acerca de que Daniel Ortega no sabe gobernar y ni siquiera le gusta hacerlo, sólo le interesa el poder para satisfacer su ego, para darle rienda suelta a su retórica populista y para mostrarse como un supuesto líder revolucionario de dimensión internacional.
Decimos lo anterior a propósito del anuncio que el presidente Ortega hiciera el martes de esta semana por la noche, de que tiene la intención de congelar temporalmente las tarifas de electricidad. Este anuncio lo filtró Ortega en su acostumbrado aluvión de ataques contra adversarios políticos y medios de comunicación independientes y críticos, durante una reunión que sostuvo con representantes de los denominados Consejos del Poder Ciudadano (CPC), como se llaman ahora los Comités de Defensa Sandinista (CDS) de los años ochenta.
Según se pudo entender de su como siempre enredado discurso, el presidente Ortega piensa establecer “un subsidio general al consumo energético, que evitará que la tarifa por este servicio se incremente por lo menos en lo que resta del presente año, aunque la intención del Ejecutivo es que se sostenga durante el primer trimestre del 2009 también”, según reportó LA PRENSA ayer jueves 14 de agosto corriente.
Por otro lado, pero en este caso de manera clara y explícita, la Asamblea Nacional decidió el miércoles de esta semana congelar por un período de cinco años la tarifa de servicio eléctrico para los consumidores de hasta 150 kilovatios hora. Además, el Poder Legislativo mantuvo la aplicación diferenciada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los consumidores desde 301 hasta 1,000 kilovatios hora, a fin de que sigan pagando sólo el 7 por ciento de las tarifas por concepto de dicho impuesto, en vez del 15 por ciento. Y decidió también, la Asamblea Nacional, que el IVA se aplique al consumo real, no a la factura general que incluye alumbrado público, gastos de comercialización y financiamiento al ente regulador INE.
Sin duda que es importante y positivo que los altos funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y sobre todo el Presidente de Nicaragua, se ocupen y preocupen por los problemas de la gente y traten de resolverlos. Al fin y al cabo ésa es su obligación y para eso ellos mismos se asignan sueldos y diversos complementos de gran cuantía, más altos inclusive que en muchos países ricos y desarrollados o que tienen mayores posibilidades económicas que Nicaragua. Sin embargo, para algunas personas estas medidas gubernamentales, tanto la que aprobó la Asamblea Nacional como la que anunció el presidente Daniel Ortega, las cuales supuestamente serían para impedir que sigan incrementándose las tarifas del servicio eléctrico, en realidad son estratagemas políticas o politiqueras, en el contexto de la campaña electoral municipal que de hecho ya está en marcha y debe culminar en las votaciones de noviembre próximo.
La suspicacia es comprensible, porque en términos generales los políticos son adictos a establecer y aumentar impuestos, así como a imponer medidas inflacionarias que golpean duramente a la población, pero durante las campañas electorales no sólo se abstienen de hacerlo sino que hasta se presentan como adversarios de tales políticas económicas que son lesivas al interés popular.
Sin embargo, por la razón que sea lo importante es que el Presidente y demás líderes del Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional aprueben y realicen acciones que beneficien a la población. Y ojalá que aunque sea por demagogia electoral los políticos gobernantes entiendan que la presión tributaria e inflacionaria tiene un límite; que ellos deben explicar claramente en qué emplean los tributos que recaudan; y que tienen que dictar y ejecutar medidas para garantizar la seguridad jurídica, incentivar la inversión nacional y extranjera y transparentar hasta el último detalle de la administración pública nacional.
Si así fuese Nicaragua sería otro país, distinto y mejor.
