La Procuraduría General de la República (PGR) denunció que el Tribunal de Apelaciones de la Región del Caribe Norte distribuyó incorrectamente un dinero incautado por contrabando aduanero.
Un total de 275 mil 10 dólares se le decomisaron en junio del 2007 a varios extranjeros, entre ellos a Dexter Salomón Máximo, quien en octubre pasado huyó de la cárcel junto a cinco procesados por narcotráfico.
En septiembre del 2007, el juez de Distrito de lo Penal de Juicio de Puerto Cabezas declaró culpables a los procesados por contrabando aduanero y tenencia de armas de la Policía y el Ejército, y ordenó el decomiso del dinero a favor en partes iguales de la Dirección General de Aduanas (DGA), la Policía, Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La procuradora Amy García explicó que de acuerdo con la Ley 42, Ley de Defraudación y Contrabando Aduanero, el dinero se debía distribuir en tres partes, una al denunciante del delito, otra al capturador y la última a la DGA.
Pero en apelación, los magistrados en vez de mejorar la sentencia, la empeoraron, porque al final sobreseyeron a los acusados por contrabando, pero les ratificaron condena por tenencia ilegal de armas de la Policía y el Ejército.
Luego distribuyeron los dólares entre la Policía, CSJ, Fiscalía y Ministerio de Gobernación (Migob), excluyendo a la DGA.
Además, los magistrados ordenaron a la Secretaría de Administración de la Corte retirar el dinero del Banpro y distribuirlo entre las partes.
La procuradora García dijo que recurrirán de casación.
El magistrado Julio Holmes Argüello, uno de los firmantes de la sentencia, manifestó que no hay un criterio definido de cómo se debe distribuir el dinero, porque no son claros los términos “denunciante” y “capturador”, pero de todas manera será la Corte Suprema la encargada de definir en manos de quién quedarán los dólares.
