El Gobierno nicaragüense debió concluir la primera evaluación o “tramo” del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en febrero de este año.
Sin embargo, después de varias negociaciones y visitas de comisiones técnicas de este organismo, lograron extender el plazo hasta julio y la última evaluación era a principios de agosto, lo cual tampoco fue posible. Ahora el FMI salió de vacaciones y regresa en septiembre, cuando Nicaragua probablemente vaya a directorio, aun cuando el presidente del BCN, Antenor Rosales, viajó a Washington para apurar dicha evaluación.
Fuentes cercanas al equipo económico del Gobierno aseguraron a LA PRENSA que el Ejecutivo tendrá que esperar hasta septiembre para esta revisión, lo cual implica el congelamiento de recursos líquidos para el país.
“No creo que el Gobierno tenga algo pendiente de esta primera evaluación (la de febrero que aún no se da)”, indicó el economista Néstor Avendaño, quien sostiene que todo lo que tenía que cumplir ya lo hizo, como la aprobación de la ley antifraude energético.
El problema, señala, es que ya se han acumulado otros dos trimestres más, ya que esta evaluación corresponde al primer trimestre del programa.
Según Avendaño, esto podría sumar unos 135 millones de dólares congelados por falta de evaluación del programa, desglosados en: apoyo presupuestario, 60 millones dólares; Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 15 millones; Banco Mundial, 20 millones; Alemania, 4 millones, y el FMI, 36 millones.
Pero el problema la primera evaluación, sino en los otros dos trimestres que falta por evaluar.
Esto incluye el informe sobre la situación actuarial del sistema de pensiones , que es uno de los requisitos que el Gobierno se comprometió en resolver.
También hace falta el fortalecimiento de las administraciones de Ingresos (DGI) y de Aduanas (DGA).
Sobre la transparencia de la ayuda venezolana, fuentes del Gobierno sostienen que ya lograron un acuerdo con el FMI en cuanto a rendir cuentas de las mismas, lo cual ha dejado satisfecho al organismo internacional. Algo que el representante del FMI en el país, Humberto Arbulú, ha reconocido tácitamente.
Sin embargo, llama la atención que aún no se cumple “la orden” que diera públicamente el pasado 30 de abril el presidente Daniel Ortega al presidente de Petronic, Francisco López, de que colocara la información de la ayuda venezolana “en la página web”.
Por otro lado, el retraso en los desembolsos del FMI incidirá en el programa de lucha contra la pobreza, la cual dejará de percibir unos 60 millones de dólares procedentes de estos desembolsos, destaca Avendaño.
Además, esto provocará una reducción de unos 70 millones de dólares en la Reservas Internacionales, lo que colocaría al Gobierno en una posición difícil, ya que incumplirían con el programa.
SUBEJECUCIÓN
Este retraso en los desembolsos también podría ser el reflejo de la subejecución del gasto de inversión pública del Presupuesto por las instituciones del Gobierno, según lo reflejó el economista Adolfo Acevedo, quien señala que el Gobierno ha sido reiterativo en este proceso.
El nivel de subejecución al 31 de julio, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), era del 44.2 por ciento, lo cual representa 1,100 millones de córdobas que no se han ejecutado tal y como se debió hacer.
Las instituciones con un grado de ejecución inferior al 30 por ciento de gastos de capital son el MHCP, con apenas 4.1 por ciento; el Ministerio de la Familia, con una ejecución del 6.8 por ciento; la Procuraduría de la República, con el 10.8 por ciento; la Contraloría General de la República, con 17.4 por ciento; la Presidencia, con 19.7 por ciento; la Corte Suprema de Justicia, con 20.5 por ciento y el Ministerio de Salud, con 29.7 ciento, explicó el economista Adolfo Acevedo.
Sobre este problema, el Gobierno ha reiterado en diferentes ocasiones que el principal atraso es la falta de recursos, que en gran parte provienen de la cooperación internacional.
En este sentido, Acevedo responde que es difícil alegar que la subejecución se debe a la falta de recursos.
“El BCN ha transferido al Gobierno 1,200 millones de córdobas hasta julio y con un superávit después de donaciones acumulado a junio por un monto de 1,064 millones de córdobas, este alegato sería contraproducente”, puntualizó.
