La seguridad jurídica es muy importante para países como el nuestro que buscan las mejores condiciones para crecer y desarrollarse. Por ello, no resulta extraño entender cómo los países en vía de desarrollo, y aun los más desarrollados, destinan recursos y esfuerzos económicos y políticos para mejorar el clima de negocios y atraer inversiones por la importancia que éstas tienen para el desarrollo y el crecimiento económico. Todo bajo el entendido de que la creación de un clima propicio para la inversión privada requiere de políticas económicas, de marcos regulatorios y de instituciones fuertes, eficientes y transparentes. Y bajo el consenso de que la seguridad jurídica es factor determinante para el crecimiento económico y desarrollo sostenido de los países.
De ahí que resulte un vínculo indisoluble del tema jurídico con el tema económico, y la necesaria importancia que como sector privado debamos dedicarle al tema de la seguridad jurídica por su importancia en el crecimiento y desarrollo económico; ya que si queremos garantizar flujos importantes de inversiones, debemos “priorizar al máximo” la seguridad jurídica en nuestro país.
Para el sector privado, el tema del crecimiento económico en el contexto anotado es importante, no sólo como objetivo per se, sino porque es una fórmula inequívoca para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, ya que con crecimiento económico se puede lograr el desarrollo que permite paulatinamente, superar las brechas e inequidades existentes en el orden económico y social. De donde resulta necesario que entendamos cuáles son los factores que permiten a los países crecer económicamente, a fin de poder emular experiencias y desarrollar acciones que nos enrumben en esa dirección de éxito.
Existen en el ámbito económico una serie de teorías sobre el crecimiento. Nos encontramos con posiciones que reflejan que el crecimiento tiene que ver con elevar los índices de producción y la creación de más empleo. Otras, que enfatizan en que la base es el aumento en la productividad total de los factores o lo que se llama ahora, en alcanzar “la eficiencia económica”. Esta a su vez depende de condiciones, no sólo de aumentar la producción sino cómo se estructura competitivamente la economía, la apertura del comercio internacional, la estabilidad política, el nivel de capital humano, la eficiencia del gobierno y de las políticas económicas: y dentro de esta visión también tenemos organismos y estudiosos que incorporan otras variables como la democracia, la corrupción y la calidad institucional; las cuales también se reconocen como determinantes fundamentales para garantizar el crecimiento y desarrollo económico.
En cuanto al ámbito jurídico también encontramos postulados determinantes para el crecimiento económico, y por ello, no nos sorprende que surjan afirmaciones respaldas por realidades, que demuestran que los países que han mantenido en general por más tiempo un Estado de Derecho hayan registrado crecimientos económicos más favorables; lo cual es así, porque el concepto de Estado de Derecho incluye el trabajar en cómo mejorar variables como la burocracia, la corrupción política, el riesgo de expropiación por parte del gobierno y el mantenimiento en general de lo que se denomina el “imperio de la ley”; condición indispensable para un clima de seguridad jurídica que permita promover el desarrollo económico y social.
En nuestro país, los empresarios de Cosep consideramos que una de las asignaciones más importantes es mantener y fortalecer el Estado de Derecho. Es una tarea pendiente que no se ha cumplido satisfactoriamente y que no podemos descuidar. Lo anterior se evidencia cuando en nuestro país se ha llegado a afirmar por altos funcionarios del Poder Judicial que tenemos poca seguridad jurídica, debido a los altos niveles de pobreza, la injerencia de grupos de poder en el sistema judicial, la corrupción y la contradicción entre leyes nuevas y leyes vetustas.
En un estudio internacional reciente del índice global de competitividad por el cual se mide a 131 países, Nicaragua ocupa el lugar número 111, nuestro país tiene en 100 diferentes renglones desventajas competitivas, donde merece destacarse tres indicadores en particular: 1) Independencia del sistema judicial 129 de 131 países; 2) Eficiencia del marco legal 128 de 131 países y, 3) Confianza pública en los políticos 124 de 131 países.
Por ello es que para el sector privado el tema de seguridad jurídica merece particular importancia, pues tenemos por esas realidades que hacer mayores esfuerzos que otros países para generar confianza entre los inversores. Estamos conscientes de que no sólo basta con garantizar la seguridad ciudadana, sino que es necesario garantizar un sistema legal consistente, sin fisuras; que se garantice el funcionamiento de una justicia transparente e irrestricta, y una estructura de completa estabilidad en donde la lucha contra la corrupción se constituya como una política de Estado.
No obstante esa convicción, no podemos ignorar que enfrentamos el problema que en nuestro país existe una agenda político partidaria que prevalece sobre la agenda país, donde para nosotros la agenda país es la agenda económica. Así nos encontramos en forma recurrente con discursos políticos que obviamente provocan incertidumbre, que provocan que las decisiones de los inversionistas se tomen de manera más lenta, ya que éstos por lo general rehuyen el riesgo jurídico y se retraen cuando observan un cuadro de inestabilidad en las reglas de juego o de arbitrariedad en su aplicación.
Para superar esas deficiencias es necesario priorizar una agenda económica sobre una agenda política partidizada. Es fundamental trabajar en la despartidización de los poderes del Estado y en un Poder Judicial independiente, imparcial y profesional; garantizar mayor coherencia en el orden jurídico a través de proyectos de ley consensuados y concertados; que se reconozca a las instituciones gremiales establecidas como los verdaderos representantes del ámbito privado para evitar la partidización; que el Estado no compita con el sector privado, el Estado debe ser más un árbitro que un competidor desleal; e impulsar los mecanismos de solución alterna de conflictos. Y finalmente, trabajar en una agenda en la que participemos todos, porque si no Nicaragua va a seguir rezagándose económicamente como estamos hoy. En eso nos hemos comprometido, es la posición del sector privado, con la que a partir de garantizar la unidad de nuestro gremio buscamos el consenso y el diálogo. Lo hemos manifestado una y otra vez y hemos sido claros en que nos vamos a sentar junto al gobierno cuando sea con la visión de país, por la agenda económica del país y nos vamos a sentar frente al gobierno cuando no sea con la misma visión de país.
