De la gran cantidad de vehículos que se ha incautado al crimen organizado, “ni una bicicleta, ni una patineta” le ha quedado al Ministerio Público, se quejó el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez.
El Ministerio Público, órgano que legitima las incautaciones al narcotráfico que realizan la Policía y el Ejército y que hace posible los procesos penales contra los narcotraficantes, tampoco ha recibido del dinero que es ocupado en los quiebres de droga o contrabando, agregó el fiscal Centeno.
La excepción fue hace dos años, cuando se le entregó a la Fiscalía entre 400 mil y 500 mil dólares, dinero que según Centeno Gómez ingresó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que esta entidad autorizara la compra de vehículos para el traslado de fiscales en zonas alejadas de la capital, como las regiones autónomas del Caribe y la frontera con Costa Rica, donde se conocen casos de droga.
El diputado José Pallais informó que entre el año 2004 y el primer semestre del 2008 se incautó al crimen organizado 11.7 millones de dólares en efectivo, 533 vehículos pesados y livianos, cuatro avionetas y 37 medios de transportación acuática.
Pallais indicó a LA PRENSA que sobre estos bienes no ha habido verdadero “control” por parte de las autoridades.
LA PRENSA intentó conocer del Ministerio de Gobernación (Migob) una versión sobre el control de los bienes incautados al crimen organizado, pero la vocera de esa entidad, Carolina Téllez, indicó que consultaría el tema con la ministra Ana Isabel Morales.
No obstante, Téllez adelantó que “se está luchando por hacer un inventario de los bienes incautados, porque hasta el momento no existe”.
El desorden comienza desde las sentencias de los jueces, que en ocasiones deciden distribuir los bienes incautados al narcotráfico de una manera distinta a como establece la Ley 285, Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y Otras Sustancias Controladas, en su artículo 88.
Recientemente la Procuraduría General de la República (PGR) debió apelar ante la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) la decisión de un judicial que había ordenado entregar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuatro carros y más de 10 mil dólares, que se le habían incautado a Robin Aguilera Moncada y Julio Alberto Ordóñez Moncada, así como a otros acusados por tráfico de droga que al final fueron dejados en libertad.
Al final el TAM ratificó las condenas para Aguilera y Ordóñez, y mandó distribuir los bienes incautados entre el Minsa, la Policía, el Sistema Penitenciario y la Comisión Nacional de Lucha contra las Drogas, así como a ONG vinculadas con la rehabilitación de drogadictos.
El fiscal Centeno Gómez reveló las penurias que tienen que pasar los fiscales en las regiones autónomas del Caribe, así como en Rivas, donde hay más actividad narco y donde no hay vehículos para transportar a los fiscales a los lugares de los quiebres.
Al ser preguntado si conoce a dónde van a parar todos los bienes incautados, el fiscal Centeno dijo: “No me gusta estar hablando”, pero sí insistió en que son 10 años los que tiene la Fiscalía de fundada y no ha recibido “ni una sola pluma”.
El sentir del fiscal Centeno también es recogido por Grethel López, de Casa Alianza, y Roberto Orozco, del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), quienes se dedican a la rehabilitación y prevención de la drogadicción, pero no han recibido ni un centavo de los bienes incautados al narcotráfico.
Guillermo Argüello Poessy, vicepresidente de la Contraloría General de la República (CGR), ente fiscalizador de la utilización de los recursos públicos, indicó que los contralores no tienen documentación ni denuncia alguna sobre irregularidades en el uso y destino de los bienes incautados al narcotráfico.
“No deberíamos tener nada que ver con bienes incautados, pero al fin son bienes públicos”, admitió Argüello Poessy, quien señala que si el diputado Pallais tiene información sobre el descontrol de esos bienes, ¿por qué no actúa desde la Asamblea, interpelando a los ministros (Migob), o pone denuncia en la Contraloría?
LA UABI: UNA SOLUCIÓN
En el parlamento se discutirá en los próximos meses una reforma a la Ley 285, con el objetivo de mejorar el marco legal de la lucha contra el crimen organizado y crear la Unidad de Análisis de Bienes Incautados (UABI), que sería el órgano de control sobre los decomisos a los criminales.
“Ellos (diputados) tienen la solución en las manos”, dijo el contralor Argüello Poessy, refiriéndose a la creación de la UABI, que regularía el destino de los bienes incautados al crimen organizado.
El contralor Argüello Poessy no recuerda, mientras él ha estado en la CGR, haber conocido de alguna denuncia o queja sobre irregularidades en el manejo de los bienes incautados al narcotráfico.
Una de las más fuertes incautaciones que se han realizado en los últimos meses es la ejecutada al mexicano José Salvador López Santos, quien aterrizó en el aeropuerto internacional de Managua con cerca de un millón de dólares de contrabando.
López Santos fue condenado a seis años de cárcel por contrabando aduanero, por el juez Cuarto de Distrito de lo Penal de Juicio de Managua, Jaime Alfonso Solís.
La Sala Penal Dos del TAM le confirmó la condena, pero en la sentencia no hacen referencia al destino de los bienes incautados, mientras que la sentencia dictada en primera instancia aún no se puede apreciar en el sistema informático de autoconsulta que recién inauguró el Poder Judicial para facilitar el acceso a la información.
