Autoridades de la alianza Partido Liberal Constitucionalista (PLC) temen que, en la incorporación de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) se repita la desigual distribución de los segundos miembros que el Consejo Supremo Electoral (CSE) hizo en las estructuras electorales regionales, y departamentales.
Significa que en el control de las elecciones municipales tendrán mayor presencia agrupaciones que obtuvieron hasta menos del uno por ciento en los resultados de las elecciones nacionales del 2006.
El calendario electoral contempla que el 23 de septiembre, los partidos políticos que participan en la contienda electoral deben presentar las ternas para integrar los miembros de las Juntas Receptoras de Votos, y dos días después se hará efectivo el nombramiento, para culminar el 26 de septiembre con la toma de posesión de los mismos.
El ex magistrado electoral Silvio Américo Calderón reiteró que la desigual distribución de los segundos miembros, en todas las estructuras electorales, para favorecer a aliados del Frente Sandinista (FSLN), entre ellos Alternativa por el Cambio y la Resistencia Nicaragüense, deja al descubierto la violación de la Carta Magna y la Ley Electoral.
Eso fue argumentado en el escrito presentado al Poder Electoral, en que para Calderón se expone de manera fehaciente e indubitable la arbitrariedad e ilegalidad sobre la designación de los segundos miembros.
Esas distribuciones, en el CSE en primera instancia y CER y CED en segunda instancia, “alteraron y vulneraron los preceptos constitucionales y de la Ley Electoral de rango constitucional, más aún cuando nuestra Constitución Política, en sus artículos 182 y 183, establece que no tendrán valor alguno disposiciones que la alteren, en vista que ningún poder del Estado, organismo de Gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República”, señalan los argumentos del escrito presentado por el PLC.
Para el ex magistrado Calderón, quien se desempeña como asesor en asuntos electorales del PLC, el CSE con la decisión de otorgar mayor número de segundos miembros a partidos minoritarios viola el principio de legalidad, de autovinculación y Supremacía Constitucional.
Otro de los argumentos es que si bien es cierto que el CSE tiene la facultad de convocar, organizar y dirigir los procesos electorales establecidos en el artículo 10 de la Ley Electoral, también tiene la obligación de aplicar en el ejercicio de sus atribuciones las disposiciones constitucionales y legales referentes al proceso los cuales se encuentran regulados en la Ley Electoral, concluyó Calderón.
