Después de que el Consejo Supremo Electoral excluyó a los partidos Conservador y Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) de la participación en los comicios municipales de este año se comenzó a hablar de una posible abstención electoral activa en estas elecciones. (Decimos abstención activa en el sentido de una acción deliberada, planificada y promovida mediante propaganda y otras actividades políticas, a diferencia de la abstención pasiva, que es la que se produce por inercia, cuando al ciudadano no le interesa ejercer su derecho de votar).
Los dirigentes de la alianza electoral de los liberales, al parecer no creen que en las elecciones municipales de noviembre podría haber una abstención mayor a la que ocurre usualmente en las votaciones para alcaldes y concejales. Ellos dicen estar seguros de que habrá mucha afluencia a los centros de votación en estas elecciones municipales, porque la gente supuestamente está consciente de la significación plebiscitaria de estos comicios, que servirán para avalar o rechazar la gestión gubernamental autoritaria de Daniel Ortega y cuyos resultados influirán de manera significativa en el proyecto del FSLN de imponer una nueva dictadura en Nicaragua, ahora impulsada desde Venezuela con los multimillonarios petrodólares del dictador Hugo Chávez Frías.
En términos generales la abstención significa dejar de hacer o no pronunciarse en ningún sentido. Por lo tanto, la abstención no produce en principio ningún efecto jurídico, a menos que la ley establezca lo contrario. Este es el caso de la Asamblea Nacional, en la que las abstenciones se suman a la mayoría porque su Ley Orgánica establece que “votar es un derecho y un deber”, y por lo consiguiente una obligación. Pero en las elecciones populares de autoridades nacionales y locales, de acuerdo con la Constitución el voto es un derecho, no un deber, de manera que la abstención es una opción del ciudadano. Este principio constitucional es confirmado por la Ley Electoral, que en su artículo 30 consagra el sufragio como un derecho de los ciudadanos, no como una obligación. Y en cuanto a la abstención, la Ley Electoral en su artículo 174 sólo califica como delito el acto de obligar a alguien a abstenerse de votar por medio de soborno, amenaza, fuerza o cualquier otra forma de coerción y violencia.
En cualquier caso, la abstención electoral puede manifestar simplemente una falta de conciencia cívica y sentido de responsabilidad ciudadana, o exteriorizar una voluntad política de rechazo al acto electoral. Esto último es lo que plantean algunos dirigentes de los partidos que fueron excluidos del proceso electoral de este año, porque a su juicio, al no participar ellos en las elecciones la gente prácticamente está siendo obligada a votar por los dos partidos pactistas, los liberales y los sandinistas de Daniel Ortega. Y de allí que se haya comenzado a hablar de que en estas condiciones no hay por qué ni por quién votar.
Sin embargo, independientemente de que la abstención sea una opción legalmente permitida, o la expresión de una voluntad política, y que los dirigentes y miembros de los partidos políticos marginados de la contienda electoral tengan razón de estar inconformes con ésta, es muy importante que valoren si la abstención no influiría para nada en los resultados de las próximas elecciones —que para algunos ya fueron decididos por Daniel Ortega y Arnoldo Alemán—, o si con la abstención se favorecería al FSLN y se le ayudaría a Ortega a alcanzar su objetivo de imponer una nueva dictadura en Nicaragua.
A Ortega y los sandinistas del FSLN no les preocupa la abstención electoral. Más bien les alegra esa posibilidad porque les conviene y por eso están alentando la abstención de diversas maneras. En realidad, las maniobras y arbitrariedades del Consejo Supremo Electoral dominado por los sandinistas, demuestran que hay un claro propósito de alentar la mayor abstención posible, pues entre menos votos opositores se depositen y escruten en las urnas electorales, mayor será el porcentaje que obtengan los candidatos sandinistas.
Los dirigentes democráticos de los partidos que fueron excluidos del proceso electoral de este año, deberían meditar detenidamente antes de tomar una decisión final al respecto. Y si tienen una alternativa mejor que las elecciones, para movilizar a la población en defensa de la democracia y para derrotar al desgobierno de Daniel Ortega, sería bueno que la dieran a conocer al pueblo democrático de Nicaragua.
