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Amenazan con cierres y prisión El Gobierno de Venezuela apunta al control, supervisión y regulación de todos los eslabones de la cadena de producción, importación, distribución y comercialización de bienes y servicios, a través de la Ley de Defensa para el Acceso a los Bienes y Servicios. Podrán aplicarse cierres temporales por 90 días, o definitivos, de “almacenes, depósitos y establecimientos dedicados al comercio, conservación, almacenamiento, producción o procesamiento de bienes” de primera necesidad a precios superiores a los regulados o condicionen su venta. También serán sancionados quienes compren productos de primera necesidad para fines de lucro y no para consumo familiar o personal; quienes restrinjan la oferta, circulación o distribución, los retengan con o sin ocultamiento; o quienes impidan directa o indirectamente la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes de primera necesidad. Por estas mismas causas se podrán aplicar penas de dos hasta diez años de prisión. También se consagra “la protección contra la publicidad o propaganda subliminal, falsa o engañosa que induzca al consumismo” y “se prohíbe y sancionará a cualquiera de los sujetos de la cadena de distribución, producción y consumo, que imponga condiciones abusivas que afecten a las personas o tiendan al incremento indebido de precios, acaparamiento o boicot”.

Imposición ilógica Según reportes de Empresas Polar, importar un litro de aceite crudo para elaborar aceite de maíz le cuesta 4.90 bolívares; mientras que la regulación impuesta por el gobierno de Hugo Chávez obliga a los empresarios a vender ese aceite en 3.90 bolívares por litro, un bolívar menos que el precio de la materia prima.

Luego de un primer semestre donde el flujo productivo superó varias de las trabas, el sector aceitero ha dado un paso atrás en la regularidad de la cadena de producción.

Fuentes allegadas al sector comentaron que las empresas productoras de aceite tienen problemas por los retrasos para concretar las importaciones de aceite crudo de soya, materia prima que representa 90 por ciento de los insumos requeridos.

La larga cadena de solvencias y permisos que deben gestionarse ante el Ejecutivo nacional y entregarse a Cadivi (oficina estatal que otorga las divisas) se ha convertido de nuevo en una traba para que las industrias aceiteras tengan materia prima para operar.

De acuerdo con cálculos de las industrias, el Ministerio de Alimentación ha entregado licencias para importar aproximadamente 300 mil toneladas de aceite crudo, principalmente de soya. Sin embargo, los requerimientos de las fábricas rondan el orden de las 400 mil toneladas de aceite crudo.

La traba con las licencias se debería a que desde la Dirección de Comercialización del Ministerio de Alimentación los permisos no se han entregado con el ritmo requerido por las industrias.

Las licencias se están entregando cada tres o cuatro meses, lo que genera un cuello de botella que ralentiza las gestiones, hasta el punto que las solvencias se vencen alternativamente, mientras se aguarda por otras autorizaciones.

La lenta asignación de divisas ha desembocado en empresas que acumulan deudas en el extranjero hasta por 25 millones de dólares, montos que sólo pueden afrontar las grandes empresas. Las deudas en el extranjero ocasionan que las pequeñas productoras deban salir del mercado, al no poder financiarse.

AGRAVANTES

Diferentes variables inciden en el funcionamiento de la cadena aceitera, señalan voceros del sector. La regulación de precios, que debió tener ajustes de al menos 40 por ciento durante el año, sólo fue incrementada cerca de 20 por ciento, lo que sin duda ha impactado la capacidad de la industria para invertir en ampliaciones del parque industrial.

Esto se refleja en que 30 por ciento de la demanda de aceite no se está atendiendo, por la insuficiente producción.