En una economía ya controlada por la vía de los precios y del acceso a los dólares, ahora el Gobierno de Venezuela refuerza la posibilidad de intervenir todavía con más ímpetu.
A esta conclusión llegaron abogados constitucionalistas consultados por El Universal sobre el alcance que tendrán las nuevas normas habilitantes que fueron publicadas esta semana.
Las 26 leyes aprobadas por el Ejecutivo, en el límite temporal permitido por la Habilitante, imponen “más controles y más centralismo” del Estado sobre la actividad económica, comercial y financiera del país.
Gerardo Fernández, abogado constitucionalista, aseguró que en el conjunto de leyes económicas se observa un marcado determinismo oficial en la toma de decisiones y el gobierno “asume aún más control en la economía y en las finanzas” internas.
Fernández refirió que de este “paquete legislativo” surgen “grandes perturbaciones” para el aparato productivo de Venezuela. En las leyes de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, prevalece el “carácter punitivo y sancionatorio” y una agudización del “Estado policía. No habla de incentivar e impulsar la producción” local.
En estos instrumentos el Estado emplaza a las empresas e industrias a “adecuarse a un modelo socialista” y si esto no llegara a suceder, en opinión de las autoridades, “se puede expropiar, interrumpir la producción e interrumpir huelgas de trabajadores. Es una espada de Damocles que tienen los productores para invertir y expandirse; si no hay producción, hay más desabastecimiento y el consumidor es el más afectado”.
Destacó que en la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria es posible la “militarización de la cadena de producción, distribución y comercialización, pues se deja en manos de la Reserva la custodia de bienes y productos ante una eventual contingencia” nacional y “esto crea incertidumbre institucional”.
El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), José Vicente Haro, también cree que las normativas tendrán consecuencias nefastas sobre el aparato productivo.
Citó como ejemplo la eliminación del paso previo a la expropiación de un bien, que era la declaratoria de utilidad pública por la Asamblea Nacional.
