Las copias del contrato y recibos del alquiler de la Sala Dariana del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), hecha por el gobernante Frente Sandinista o la alianza política Unida Nicaragua Triunfa, no han sido facilitadas por esa institución pública a LA PRENSA, a pesar de que este Diario solicitó esa información al INC hace siete semanas.
El pasado 16 de junio, LA PRENSA solicitó al INC una copia de ese contrato y recibos de alquiler, a través del formulario de acceso a la información que ofrece la Ley 621, de Acceso a la Información Pública, aprobada a mediados del 2007. Pero el Instituto no ha respondido a ella.
El artículo 28 de la Ley 621 establece que “es obligación de las autoridades correspondientes dar respuesta a las solicitudes que se les presenten, de manera inmediata o dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de presentada la solicitud”. Es decir, que el plazo de la solicitud venció desde el 4 de julio, sumando los días de lunes a viernes.
Emilio Ortega Porras, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVCH) que promueve el uso de la ley, afirmó que en este caso el INC “incumple los plazos en la aplicación de la ley” y existe un “silencio administrativo” porque el Instituto tampoco ha negado la entrega de la información o solicitado la “prórroga excepcional” de diez días hábiles que le permite la Ley.
LA PRENSA intentó ayer obtener alguna explicación sobre el incumplimiento, pero el responsable de prensa del INC y quien recibió la solicitud, Salomón Alarcón, afirmó que la solicitud era atendida por la Dirección del Instituto y cuando se le cuestionó que la ley les obliga a informar de ese proceso y eso no ha ocurrido, respondió que él estuvo enfermo y desconocía la situación de la solicitud. El director del INC, Luis Morales Alonso, no pudo ser ubicado.
Fue el 15 de abril que Morales Alonso admitió que esa entidad alquilaba una sala del Palacio Nacional de Cultura, del INC, a la alianza que encabeza el Frente Sandinista por el período mínimo de un mes con un costo diario de 250 dólares, para fotografiar y grabar vídeos de los candidatos a alcaldes y concejales del partido oficial que participaran en las elecciones de noviembre.
Morales justificó entonces que el INC alquila piezas en varios de sus centros para disponer de un fondo de apoyo a programas de promociones artísticas. El servicio prestado en esa ocasión dejaría al Instituto un ingreso mínimo de 7 mil 500 dólares en un mes.
LA PRENSA pretende conocer quién, por cuánto tiempo y a qué precio alquiló la sala o si esa se cedió para realizar el proselitismo político que prohíbe la Ley de Probidad. Sin embargo, la ley aclara que “en ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o justifique su utilización ni se requerirá demostrar interés alguno”.
