La colombiana Catalina Botero fue elegida como Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA. Es abogada y tiene una importante trayectoria en la magistratura, en la docencia y como funcionaria.
Su experiencia periodística, en cambio, es prácticamente nula. No es lo mejor. La realidad dice que un importante porcentaje de los conflictos que afectan el ejercicio del periodismo, la libertad de información y el derechos de los ciudadanos, a saber, es producto de esa falta de conocimiento de lo que es la esencia y la práctica periodística.
De acuerdo con declaraciones recientes (semanario Búsqueda, de Uruguay), la flamante relatora tiene claros muchos de los problemas que se enfrentan en el continente (leyes de desacato y sobre difamación, calumnias e injurias, riesgos de monopolios, restricciones en el acceso a la información pública, limitaciones para las minorías).
Ella cree que igual algo se ha mejorado con respecto a la época de las juntas militares. Aquellos, en efecto, eran unos represores brutales y ordinarios. Pero hoy también hay represores, eso sí, con distintos métodos: son más disimulados, posan de demócratas y hasta logran el apoyo, en casos, de organizaciones que dicen defender los derechos humanos. Discriminan y abusan arbitrariamente del poder; no meten presos a periodistas ni clausuran medios a mansalva, pero a través del uso de los recursos públicos —publicidad oficial y otros canales—, de la vía judicial —lo de la separación de poderes en varios países es una farsa— y muy especialmente mediante la persecución fiscal, hay gobiernos que también cierran medios independientes u opositores y mandan a la cárcel y enchastran a periodistas, dueños de medios o disidentes. Y lo más grave es que eso ocurre sin que la Carta Democrática de la OEA se entere. Hay casos, además, en que ya se han pasado de la raya y, como los represores de ayer, cierran canales, le inventan delitos a hombres de prensa y reparten dinero a manos abiertas para ganar elecciones; incluso para mayor seguridad han comenzado a proscribir candidatos y partidos enteros.
Botero hace hincapié en otras áreas, con anuncios que generan cierto cosquilleo. Habla de políticas públicas (¿quién las fija?) “que permitan un mejor y mayor acceso de todo el mundo a la información”, y hace señalamientos a la conducta de los ciudadanos, cuya libertad consiste en poder elegir —prender o apagar la radio o la TV, cambiar de canal, comprar o no un diario—, para lo que solo hay que garantizarle un pluralidad real y no indicarle cómo se deben comportar.
La relatora confía mucho en los jueces. Y esto llama la atención, porque jueces y fiscales —por miedo, venalidad, soberbia o razones ideológicas— se han transformado en muchos países en una de las mayores amenazas para la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo e incluso para la efectiva vigencia de la democracia. Botero cree que es bueno que los “ jueces ya no sean juececitos que aplican ciegamente las leyes”. ¿Pero para qué otra tarea son designados que no sea para aplicar las leyes? ¿Para que cumplan qué otro rol se les paga? En materia de impunidad son los responsables finales. La judicialización de la política, y la politización de la justicia, es lo que explica el deterioro de la democracia en el continente. Los políticos han usado y pretendido usar a los jueces y fiscales para sus fines, y muchos jueces se han transformado en estrellas, arquitectos sociales, o han consentido por miedo o conveniencia en ser amanuenses del poder de turno, olvidando que su tarea es precisamente aplicar la ley con equidad y con honestidad, sin mirar ninguna otra cosas.
Habrá que ver, esperar y confiar, pero no por ello disimular un cierto “cosquilleo”.
