Más de once millones de dólares ocupados en los últimos cuatro años y el haber tipificado el delito de lavado en el Código Penal sobresalen en la evaluación interna que realiza el país, sobre las acciones en contra del lavado de dinero y en contra del financiamiento al terrorismo.
El informe deberá ser presentado ante la delegación del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), previo a la visita que hará a Nicaragua, en octubre próximo.
Se trata de una evaluación especial, recogida en un documento de cerca de 600 páginas, en el cual Nicaragua deberá informar cómo se ha dispuesto el país, en los últimos cuatro años, para enfrentar este fenómeno, explicó el secretario del Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas, René Ortega.
El funcionario destacó que del total ocupado en este período, fue en operaciones en contra del narcotráfico, pero fue entre el 2007 y lo que va del 2008, cuando han ejecutado los mayores decomisos.
VEHÍCULOS Y ARMAS
Menciona el informe, que además de dinero han incautado 537 vehículos de diferentes tipos, que van desde livianos hasta cabezales y furgones. Al igual que ocho lanchas, 29 pangas, 70 motores y cuatro avionetas que dijo Ortega, son instrumentos que utiliza el crimen organizado.
Mencionó que en esto hay delitos que se cruzan, como es el tráfico de armas; en este período contabilizan 486 armas de todo tipo de calibre que fueron recuperadas y casi medio millón de municiones, muchas de fusiles de guerra.
El consejo, presidido por la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, sostuvo ayer su segunda reunión. Morales explicó que sus miembros deben evaluar el informe preparado por especialistas de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Público, Policía Nacional, entre otras instituciones.
Morales consideró de importancia que en el informe pueden precisar que Nicaragua ha incluido en el Código Penal el lavado de dinero como delito independiente.
“Eso te da un marco jurídico, amplio, ya definido, te permite tomar una serie de medidas y de acciones de carácter administrativo y carácter operativo”, sostuvo Morales.
El Procurador General de la República, Hernán Estrada, expresó que en la sesión determinaron remitir una comunicación a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que agilice un recurso introducido en contra de una normativa prudencial que hace unos meses aprobó la Superintendencia de Bancos, por considerarla violatoria a la Constitución. La petición del consejo es que la Sala Constitucional se pronuncie antes de que llegue al país esta comisión del GAFI, que evaluará a Nicaragua.
Estrada aprovechó para criticar que los estándares con que el GAFI evalúa no deberían ser aplicados a países como Nicaragua.
