El director adjunto del Programa de las Américas del Centro Carter, Marcelo Varela Erasheva, reiteró la preocupación que existe en ese organismo no gubernamental, sobre el cierre de espacios políticos en Nicaragua, lo que de forma directa afectaría el proceso democrático que se desarrolla en el país.
“Tenemos alguna preocupación por que se estén reduciendo los espacios para el ejercicio democrático, tenemos preocupación; nos parece que es algo que perjudica el sistema y eventualmente podría perjudicar el sistema político democrático de Nicaragua que tanto le ha costado al país”, precisó.
Aunque el funcionario del Centro Carter enfatizó que por la falta de una oficina local en Nicaragua no tiene los elementos de juicio para emitir un criterio más específico, sino sobre la base de generalidades del proceso democrático como tal, esa preocupación la percibe de las informaciones que fluyen a nivel nacional e internacional sobre dicho proceso.
Dichas informaciones giran alrededor de las medidas dictadas para cesar a dos partidos de oposición.
Anteriormente, Varela se pronunció cuando el Consejo Supremo Electoral (CSE) decidió cancelar la personalidad jurídica del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y el Partido Conservador (PC). El Centro Carter se pronunció a inicios de junio.
“Somos de la idea, y así lo hemos hecho saber, de que ciertamente la cancelación del registro legal de cualquier partido político en pleno proceso electoral, así como la exclusión de candidatos de oposición de la contienda, constituyen actos que transmiten la impresión de sesgo político y menoscaban la imagen y reputación internacional de las autoridades electorales y políticas del país”, advirtió Varela en su momento.
MECANISMOS INTERNACIONALES
Durante una exposición sobre la Cobertura Periodística de Procesos Electorales Democráticos, Varela Erasheva expresó que existen fuentes del Derecho Internacional que los sectores afectados por disposiciones legales, en este caso, del Poder Electoral, o la misma sociedad civil, pueden hacer uso de esos instrumentos, cuyos documentos han sido firmados y ratificados por el Estado nicaragüense, en los que se establecen derechos y deberes cívicos.
Entre ellos, menciona el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Sin embargo, a pesar de que la sociedad civil puede hacer uso de esos mecanismos, para Varela puede existir la limitante de que el organismo internacional al cual se eleva la queja pueda hacer presencia en el país, si no hay una solicitud del Gobierno.
“No debería, yo creo que hay un respeto mínimo por los procesos internos, por la política interna, por la soberanía nacional, sin una debida invitación (no es posible) desplegar un equipo para hacer una observación integral, formal del proceso”, manifestó el representante del Centro Carter.
Al consultársele si no considera que planteamientos de algunos sectores políticos y sociales, sobre que no hay una aplicación correcta de la Ley Electoral, que existen signos de violencia, poco acceso de los medios de comunicación a la información generada por el mismo Poder Electoral, sean elementos que ponen en peligro el sistema democrático en Nicaragua, Varela dijo que no pueden pronunciarse al no contar con todos los elementos de juicio, pero insistió en el uso de los instrumentos internacionales.
“Primero, habría que pasar por verificarlos antes de emitir un criterio, pero los actores locales tienen a su disposición una serie de instrumentos y de parámetros internacionalmente aceptados, contra los cuales se puede hacer una comparación de la situación, hacer una verificación y ver internamente incluso hasta dónde el Estado está cumpliendo con sus obligaciones internacionales, por ejemplo, pero muchas veces se tiende a hacer los planteamientos, sin sustentarlos, sin respaldarlos en esas obligaciones que han sido previamente adquiridas por el Estado, lo cual es un fundamento que le da peso y robustece a los argumentos, y no sólo eso, sino que aporta un método para analizar la situación, en función de lo que está establecido en los instrumentos”, observó Varela.
Para el funcionario del Centro Carter, es importante una educación y un mayor conocimiento de parte de la ciudadanía de los instrumentos jurídicos internacionales, a los que puede apelar, si considera que sus derechos son violentados por las instituciones del Estado o el mismo Gobierno.
