La Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) le dio trámite al recurso de amparo que presentó uno de los 39 acusados por el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), José Nicolás Marín, pero no mandó a suspender la acusación que en su contra realizó la Fiscalía.
Igual suerte podrían correr los demás amparos presentados por Jaime Chamorro Cardenal, Alfonso Robelo, Rodolfo Delgado Cáceres, Mario Flores, Juan Manuel Centeno y Leopoldo Sánchez Amador.
El amparo de Chamorro Cardenal, Director de LA PRENSA, ya fue firmado por los magistrados de la Sala Civil Uno, el liberal José Denis Maltez Rivas y la sandinista Rafaela Urroz, quien manifestó que probablemente en este caso ocurra lo mismo que con el de Marín.
“Si (el recurso de Chamorro Cardenal) está dentro de la misma categoría (del recurso de Marín) es posible que se esté diciendo lo mismo, porque no puede uno tener disparidad, para unos una cosa y para otros otra cosa”, dijo Urroz.
Urroz, firmó la resolución del amparo de Marín en la Sala Civil Dos, en sustitución del magistrado Gerardo Rodríguez, que fue recusado por el abogado José Evenor Taboada. Ella también es la encargada en su Sala (Uno) de elaborar la resolución del recurso de Chamorro Cardenal.
Marín, Chamorro Cardenal, Robelo Callejas, Delgado Cáceres, Flores Loáisiga, Centeno Cantillano y Sánchez Amador se ampararon contra el fiscal Julio Centeno Gómez, la fiscal adjunta Ana Julia Guido y el fiscal especial de los Cenis, Armando Juárez, así como en contra de la Procuraduría General de la República (PGR), por considerar que la acusación que les hicieron por el caso de los títulos-valores les violenta derechos constitucionales.
Al presentar su recurso, Chamorro Cardenal indicó que la acusación, que es un acto administrativo, le está violentando derechos y garantías establecidos en la Constitución Política de Nicaragua.
“Lo que quiere el Gobierno de Daniel Ortega es desprestigiarme a mí y a LA PRENSA, como lo demuestran los anuncios que desde hace meses me acusan de haber robado con los Cenis. Ahora ya no son los Cenis, sino una escritura que firmé en representación de una corporación”, se quejó en ese momento Chamorro Cardenal.
Chamorro Cardenal también ha protestado porque la Fiscalía le imputa delitos que sólo se pueden atribuir a funcionarios públicos y él nunca ha sido empleado del Estado.
Poco después que la acusación por los Cenis ingresó a los Juzgados de Managua, dos magistrados de la Corte, Manuel Martínez y Francisco Rosales, dijeron que sí caben los recursos de amparo en contra de las actuaciones de la Fiscalía, porque es un órgano administrativo y no jurisdiccional, como sí lo es un juez.
Martínez indicó que, en el caso de los Cenis, aunque ya se presentó la acusación, la Fiscalía estaría obligada a no continuar impulsando el juicio si los acusados se amparan en contra de sus actuaciones.
De acuerdo con una fuente cercana a los magistrados del TAM, el argumento de la Sala Civil Dos para no suspender las actuaciones de la Fiscalía en el recurso de Marín es que la Ley de Amparo establece que no hay suspensión cuando la misma afecte el orden público y en el caso de los Cenis se trata de un delito penal que es de orden público.
“El argumento de ellos (magistrados de Sala Civil Dos) es que no podés suspender un acto que afecte el orden público”, dijo la fuente.
El segundo argumento es que se recurrió de amparo en contra de la acusación de la Fiscalía, la cual, según los magistrados del TAM, es un acto consumado porque ya fue presentada en los Juzgados de Managua.
José Evenor Taboada, representante de Marín, dijo que será hasta hoy cuando se pronuncie sobre la decisión del TAM, porque aún no ha sido notificado.
De ser fallados todos los amparos como el de Marín, pasarán a la Sala de lo Constitucional de la Corte, donde se resolverá el fondo de los amparos y el juicio de los Cenis estaría sujeto a lo que dispongan los magistrados de la Corte, según explicó la semana pasada el magistrado Francisco Rosales.
Para hoy se espera que sean notificadas las siete personas que se ampararon en el mes de julio.
Juan José Icaza Martínez es otro de los acusados por los Cenis, que no se amparó, pero que, a través de un escrito, solicitó al TAM un recurso de exhibición personal por amenaza de detención ilegal en contra del fiscal Armando Juárez y también que se declarase sin lugar la acusación en su contra.
La Sala Penal Uno declaró sin lugar el recurso por considerar que no había amenaza real de detención ilegal y también resolvió que no era la autoridad competente para declarar sin lugar la acusación en contra de Icaza.
