Ya es oficial: los latinoamericanos pagan menos impuestos que los habitantes de casi todas las demás regiones del mundo.
Dos nuevos estudios de Comisión Económica para América Latina, el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, dicen que la recaudación impositiva de los gobiernos latinoamericanos no sólo está por debajo de la de los 30 países más industrializados del mundo, sino que también es inferior a la del sudeste asiático y África.
Muy bien, ya sé, muchos de ustedes estarán esbozando una sonrisa en este momento y pensando: “Oppenheimer, ¡descubriste el agua tibia! ¿No sabes que la evasión de impuestos ha sido uno de los deportes favoritos en la región desde hace siglos? ¿Nunca te preguntaste de dónde salió el dinero para la compra de esas torres de apartamentos de lujo de Miami?”.
Es cierto, hace mucho que los economistas han señalado los bajos niveles de recaudación impositiva en Latinoamérica. Lo han atribuido, en general, al trato preferencial que han obtenido empresarios cortesanos amigos del gobierno de turno, a la evasión impositiva generalizada (basada en la idea de que “para qué pagar impuestos, si igual se los van a robar funcionarios corruptos”), y a una enorme economía clandestina —el 43 por ciento de la economía latinoamericana, según la CEPAL— que por definición no paga impuestos.
Pero estos nuevos estudios tienen varios datos interesantes. De ellos se desprende que en una región con uno de los mayores niveles de inequidad del mundo —donde conviven los pobres con uno de los tres hombres más ricos del mundo, el magnate de las telecomunicaciones mexicano Carlos Slim— los pobres están pagando una parte exageradamente alta de la recaudación impositiva.
Esto ocurre porque la mayoría de los países de la región recaudan tan poco en impuestos directos a la renta y a la propiedad, que los gobiernos recurren a impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado sobre bienes de consumo. Estos impuestos, proporcionalmente, les pegan en el bolsillo mucho más a los pobres que a los ricos, dicen los estudios.
Entre los puntos más interesantes de los estudios de la CEPAL:
•Mientras los países europeos recaudan un promedio del 16.4 por ciento de su producto bruto interno en los impuestos a la renta y a la propiedad, Estados Unidos recauda 17 por ciento de su producto bruto con estos impuestos, los países del sudeste asiático un siete por ciento, los países africanos un 6.3 por ciento, y los países latinoamericanos sólo un 5.6 por ciento.
•Mientras que los impuestos a la propiedad contribuyen en más del cuatro por ciento al producto bruto interno de Francia, y el tres por ciento al de Estados Unidos, aportan tan sólo el 0.8 por ciento del producto bruto latinoamericano. (Argentina y Brasil recaudan alrededor del tres por ciento de su producto bruto en impuestos a la propiedad, pero México, Perú y Ecuador recaudan tan sólo el 0.3 por ciento, y El Salvador apenas un 0.1 por ciento).
•Mientras los 30 países más industrializados del mundo recaudan más del 70 por ciento de sus impuestos a la renta y a la propiedad de individuos, y el 29 por ciento de las corporaciones, en Latinoamérica ocurre exactamente lo contrario. El 65 por ciento de los impuestos a la renta en América Latina es recaudado de las empresas, y sólo el 35 por ciento de los individuos.
“Muchas empresas trasladan eso a los precios y lo convierten en un impuesto al consumo, que termina pagando el consumidor”, me señaló el economista de la CEPAL, Juan Pablo Jiménez.
La CEPAL recomienda, además de tratar de reducir la evasión fiscal, recaudar un mayor porcentaje de impuestos de las personas, en lugar de las empresas. Eso incrementaría la recaudación impositiva, señala.
Mi opinión: estoy de acuerdo. Pero la prioridad de la región debería ser aumentar el número de gente que trabaje en la economía formal, pagando impuestos directos. Actualmente, más de la mitad de los latinoamericanos trabaja en la economía clandestina, en gran medida porque la actuales leyes laborales hacen que las empresas no quieran contratar nuevos empleados.
Según el Banco Mundial, en Venezuela y Bolivia las empresas no pueden por ley despedir a un empleado, —algo que ni siquiera pasa en China comunista— por más que el trabajador se la pase durmiendo la siesta. Argentina exige a las empresas que le paguen 139 semanas de salario a un empleado despedido, aún cuando las empresas puedan demostrar que el trabajador no cumplió con su deber. Comparativamente, Estados Unidos, Dinamarca y Nueva Zelanda permiten despedir a un empleado incompetente sin pagarle un centavo, para incentivar el aumento del empleo.
Mientras gran parte de la economía latinoamericana siga en el sector informal, no se podrá elevar mucho la recaudación impositiva, y no será un misterio que los países no sean más exitosos en mejorar sus niveles de educación, salud y desarrollo económico.
