La cantidad de población capitalina que habita en asentamientos humanos espontáneos e ilegales se incrementó en los últimos cuatro años y ahora suman más de doscientas mil personas en esas condiciones.
Según los datos municipales, en la capital hay 273 asentamientos ilegales, en los cuales habitan más de doscientas mil personas pertenecientes a unas 50 mil familias. Esas cifras han provocado que Managua sea “un gran asentamiento ilegal”, admitió el Alcalde de Managua, Dionisio Marenco.
Según explicó el funcionario municipal, la comuna ha entregado más de doce mil títulos de propiedad a habitantes de los asentamientos, sin embargo ese dato apenas cubre una mínima parte de la población ilegal que habita en asentamientos y barrios tradicionales.
Para agilizar el proceso de legalización territorial, la comuna debe empujar una amplia política de ordenamiento de la ciudad, a través de la identificación y delimitación de los asentamientos, y luego, iniciar con la legalización de las zonas.
Con ese objetivo, la Alcaldía de Managua y la Universidad Americana (UAM) firmaron un convenio de colaboración mutuo, en el que los estudiantes de Arquitectura de esa alma mater jugarán un papel trascendental.
“La población capitalina es la más beneficiada con el trabajo de los estudiantes de la UAM”, reconoció el rector de esa casa de estudios, Ernesto Medina Sandino.
Los estudiantes de Arquitectura de la UAM realizan pasantías en el área de Urbanismo de la Alcaldía de Managua desde el año pasado, y desde ahí han contribuido en la legalización de varias zonas dentro de los barrios Israel Galeano, Walter Ferreti, René Cisneros y Tierra Prometida.
EL PAPEL DEL GOBIERNO
El Ejecutivo es el encargado de indemnizar a los dueños de las zonas que quieran legalizarse a favor de los pobladores de cualquier área municipal.
Según la Ley 40, de Municipios, posterior al proceso de indemnización, el Gobierno debe traspasar las propiedades a favor de las comunas, entes encargados de legalizar las áreas dentro de cada municipio.
Sin embargo, en los últimos meses, el Ejecutivo se está encargando directamente de todo el proceso, sin dejarle el margen de acción a las alcaldías. Ese trabajo gubernamental ha sido fuertemente criticado por la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local.
La misma red emitió un comunicado en el que públicamente denunció la exclusión de los organismos municipales de desarrollo en las decisiones gubernamentales.
Para cumplir con el proceso de legalización, se debe cumplir con varios requisitos, como el saneamiento legal o definición del dueño. Posteriormente, se debe coordinar la realización de un levantamiento topográfico del asentamiento; seguido del levantamiento topográfico de cada lote, esto aprobado por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter).
MILES SIN ESCRITURAS
Como últimos requisitos para la legalización de la propiedad, la comuna debe realizar un censo de la población beneficiada y se crea la lista con los favorecidos. El Concejo municipal debe aprobar ese proceso.
Los datos del VIII Censo de Población y IV de Vivienda, realizado en el 2005, revelan que 56 mil viviendas son ocupadas por miles de familias que no tienen escritura de propiedad.
