La Contraloría General de la República (CGR) decidió ayer realizar una auditoría con carácter especial en la Empresa Nicaragüense del Petróleo (Petronic), empresa con participación estatal que canaliza la ayuda venezolana.
El contralor Lino Hernández explicó que existe preocupación de ese órgano colegiado y la idea es conocer si esa ayuda, que en teoría es para beneficiar al pueblo nicaragüense, está siendo canalizada adecuadamente o si está generando endeudamiento público.
Hernández dijo que el examen de auditoría pondrá énfasis en los ingresos y egresos, pero particularmente en las cuentas de inversiones.
Agregó que es prematuro decir cuándo van a iniciar, pero adelantó que en 10 días emiten las credenciales correspondientes, van a notificar a las autoridades de Petronic y comenzarán a crear los equipos de trabajo.
Hernández señaló que la decisión tomada por la CGR fue por mayoría, teniendo la oposición de uno de los contralores, quien dijo no estar de acuerdo porque era una agenda “impuesta por los medios de comunicación”.
“Los otros cuatro estuvimos de acuerdo en que es conveniente, tanto para la institución como para el país, aclarar y dar respuesta a las interrogantes que tienen los medios de comunicación y la sociedad civil referente a la ayuda venezolana”, comentó Hernández.
Según el contralor se ha venido diciendo cualquier tipo de cosas en torno a esta ayuda: “que no está siendo registrada, que está endeudando al país, que no forma parte del Presupuesto de la República, diferente a otros préstamos, entre otros rumores”.
Inclusive, dijo que ha escuchado opiniones de que está fomentando la inflación, “porque hay una demanda agregada al caer dinero que se está quedando aquí y que antes no se quedaba porque ahora se está pagando el 50 por ciento de la factura petrolera”, explicó Hernández.
Inicialmente, en la sesión de ayer, los contralores colegiados estuvieron discutiendo si la auditoría la realizaban a través de la Dirección de Deuda Pública (una Dirección de Auditoría) y hacer un análisis del posible endeudamiento que se pudo haber creado al Estado, pero al final descartaron esa ruta porque como ese dinero no está ni siquiera registrado en el Presupuesto, no encontrarían nada.
Al final decidieron hacer una Auditoría de Ingresos y Egresos, que es una auditoría especial en la que se pueda determinar responsabilidades, si en el caso las hubieran.
NO TENEMOS NINGUNA OBLIGACIÓN CON VENEZUELA
Por su parte el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, el liberal Francisco Aguirre Sacasa, descartó ayer que la Asamblea Nacional esté obligada a auditar los fondos de la cooperación petrolera venezolana, debido a que el parlamento no ha aprobado ninguna ley al respecto.
Aguirre Sacasa sostuvo que en el parlamento se aprobó en 2007 un acuerdo marco entre Nicaragua y Venezuela, el cual quedó derogado cuando los mandatarios Hugo Chávez y Daniel Ortega suscribieron otro convenio igual.
Hubo un acuerdo marco que se aprobó en el año 2007 que casi inmediatamente fue reemplazado por otro acuerdo marco y quién sabe cuántos de esos acuerdos ha firmado nuestro Presidente con Hugo Chávez, y ese acuerdo marco no constituye ningún pasivo con la República de Nicaragua y además fue reemplazado por otro que nunca fue enviado a la Asamblea Nacional”, explicó Aguirre Sacasa.
EL FAMOSO ACUERDO
El Acuerdo Energético del Alba, suscrito el 29 de abril de 2007 por los presidentes Ortega y Chávez, establece que Venezuela suministrará crudo, productos refinados y gas licuado a Nicaragua, por un volumen aproximado de 10 millones de barriles al año, equivalente al consumo anual del país.
El acuerdo establece que el 50 por ciento de la factura será pagada en un período de noventa días, con un interés del dos por ciento anual. El otro 50 por ciento se pagará en un plazo de 23 años con 2 de gracia y a una tasa de interés del dos por ciento anual.
Este 50 por ciento se divide en dos partes. Una primera según la cual la empresa mixta, en ese caso Albanisa, de la que petronic es socia, asumirá un veinticinco por ciento. Esta porción, una vez deducidos los costos operacionales y financieros, se asignará al Fondo Alba a los noventa días de la facturación, el cual servirá para financiar obras de infraestructura, proyectos sociales y otros en Nicaragua. El otro 25 por ciento, del 50 por ciento financiado, será asumido por Nicaragua.
