La Sala Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) de manera unánime declaró improcedente lo relacionado al proceso de aseguramiento de bienes litigiosos promovido por la familia Somoza, en su intento por recuperar la Compañía Nacional Productora de Cemento S.A. (Cementera).
El magistrado Gerardo Rodríguez, presidente de la Sala Dos y presidente del TAM, informó que este caso surge cuando la familia Somoza demandó la nulidad de convocatoria de accionistas y pide un interventor para la empresa.
Luego de meses de análisis, se concluyó que la figura del aseguramiento e interventor bajo ninguna circunstancia caben dentro de una demanda de nulidad de junta directiva.
Por esta situación, explicó Rodríguez, el Estado de Nicaragua conserva, mantiene y asegura sus derechos sobre la Cementera. A la vez dijo que desaparece cualquier “duda o sombra” de que la empresa pueda pasar de nuevo a manos de la familia Somoza.
DOMINIO DEL ESTADO
“No existe ninguna posibilidad que el juicio pueda continuar en otra instancia, dado que hay una improcedencia por haber sido un juicio que no debió haber nacido, no debió tramitarse”, indicó el magistrado Rodríguez.
“Esto le da estabilidad al Estado, que es quien había apelado, porque se le asegura su pleno derecho a seguir administrando como mejor lo estime los bienes de la Cementera”, agregó el presidente de la Sala Dos del TAM.
El siguiente paso a seguir es informar el contenido de la resolución.
Con su demanda contra el Estado, la familia Somoza pretendía una resolución emitida por la Comisión de Revisión de Confiscaciones, que ordenó la devolución de los bienes de la Cementera, los que fueron calculados en 80 millones de dólares.
La Cementera (Canal) fue arrendada en el año 2000, durante la administración del ex presidente Arnoldo Alemán, a Cementos Mexicanos (Cemex) por un plazo de 25 años.
