MIAMI. - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó hoy su preocupación por una serie de acciones promovidas por el Estado nicaragüense que "están socavando la libertad de prensa".
La SIP señaló en un comunicado el rechazo de "vastos sectores sociales" nicaragüenses a la condena dictada el pasado martes por un juez contra Jaime Chamorro Cardenal y Eduardo Enríquez, director y jefe de información, respectivamente, del diario La Prensa.
Ambos fueron condenados por delitos de injuria y la sentencia conlleva una multa de 27 mil córdobas (1.407 dólares), además de la obligación de publicar sin comentarios de manera inmediata el dictamen.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gonzalo Marroquín, indicó que "más allá de la acción judicial en sí, lo que nos preocupa es que se ve claramente un patrón de conducta gubernamental, agravado por la falta de independencia de algunos jueces, que está enfrascado en restringir o castigar a los medios y periodistas independientes".
ATAQUES PROMOVIDOS
Marroquín agregó que La Prensa, así como otros medios independientes, viene siendo blanco de ataques promovidos desde la esfera oficial.
"En los últimos meses -precisó- la SIP denunció que existieron limitaciones a la entrega de insumos para la producción de periódicos, cierta presión impositiva y continúa la discriminación en la distribución de la publicidad del Estado favoreciéndose a los medios oficialistas, así como las agresiones contra periodistas".
Chamorro y Enríquez fueron declarados culpables el pasado 17 de abril del delito de injurias contra cinco mujeres integrantes de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), vinculados al partido gubernamental y coordinados por la primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo.
El juez de Managua Celso Urbina falló a favor de las demandantes, quienes alegaron haber sido ofendidas por una nota publicada en diciembre pasado titulada "CPC con licencia para dar golpizas".
La nota denunciaba las agresiones sufridas por el periodista de La Prensa Jorge Losáiga, pero no mencionaba a los agresores, quienes luego demandaron al diario con el argumento de que habían sido ofendidas, expuestas al ridículo y calificadas como pandilleras.
El fallo judicial fue criticado en Nicaragua por numerosos sectores sociales, entre ellos organizaciones del sector privado, diputados nacionales, líderes de la oposición, diferentes grupos religiosos, periodistas y medios de comunicación.
