Después de tres días de protestas y tranques a la altura del puente sobre el río Coco, en el kilómetro 225 de la Carretera Panamericana Norte, el movimiento segoviano que aglutina a los productores y comerciantes embargados y amenazados con encarcelamiento por parte de entidades microfinancieras, continúa su protesta hasta que “una persona revestida de poder de decisión venga a firmar acuerdos serios y concretos”.
Este martes, el ingeniero Edward Centeno, ocotaleano y actual presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), en representación del Gobierno central llegó a eso de la una de la tarde a acuerdos con los líderes del movimiento, que permitieron despejar la vía donde aguardaban no menos de 300 vehículos nacionales y extranjeros.
SUSPENDEN PLÁTICAS
Sin embargo, en horas de la tarde las conversaciones fueron suspendidas por desacuerdos e interpretaciones en las demandas de los protestantes, no obstante Centeno había prometido iniciar un proceso de negociación con las financieras y banca privada para la reestructuración de las deudas.
Centeno en nombre del Gobierno también se comprometió a gestionar ante el Poder Judicial la suspensión de ejecuciones y embargos judiciales mientras se realice el proceso de negociación para la reestructuración de las deudas de los productores.
Este miércoles la protesta continuó con tranques escalonados de una hora con 10 minutos de receso para despejar la vía internacional, en espera de que el Gobierno envíe “a una persona revestida de poder de decisión para la firma de acuerdos serios y concretos que nos permita satisfechos irnos a nuestras tierras a producir”, dijo Andrés Castillo, subcoordinador del llamado Movimiento de Productores de Nueva Segovia y Madriz.
“PUEBLO PRESIDENTE”
Algunos productores como Pedro Hernández, de Jalapa; Filemón Peralta Salinas, de Quilalí; y Antonio López González, de El Jícaro, confían en que el presidente Daniel Ortega cumpla con su promesa de “Pueblo Presidente” y escuche y apoye sus demandas.
López González huye de una orden de captura girada por el juez de Somoto por una deuda que, según él, “es irreal”, pero que si regresa sin nada a su casa después de la protesta “es seguro que van a emprenderla contra nosotros, y la persecución de las microfinancieras y bancos será peor”.
Las autoridades policiales se han mantenido al tanto de la situación, para evitar que la misma se salga del control de los organizadores de la protesta. Las microfinancieras han señalado que los grupos que participan en la protesta son minoritarios.
