Un saldo positivo del gobierno del ingeniero Enrique Bolaños Geyer, fue la promulgación de la Ley Nº 475, “Ley de Participación Ciudadana” (La Gaceta Nº 241, 19 de diciembre de 2003), resultado del esfuerzo de la sociedad civil, y su respectiva norma reglamentaria (Decreto Nº 8-2004), reformado por el Decreto Nº 46-2004 de 16 de junio del 2004.
La Participación Ciudadana define las formas, canales, estructuras y procedimientos mediante los cuales los ciudadanos pueden involucrarse con el Estado en la gestión pública, opinando, haciendo o coadyuvando directamente con éste, sin pretender sustituir a la entidad administradora de la cosa pública. La Ley establece la participación como un proceso no como un acto único, entendiéndose tal, como un conjunto de actos concatenados, encaminados a vincular al ciudadano con la gestión gubernamental. No obstante, la aplicación de esta normativa ha encontrado diversos obstáculos a través del tiempo, obstáculos que hubiesen ya sido subsanados con la voluntad sistemática entre la denominada SCO y la práctica activa y beligerante del Estado.
Uno de los principales factores que ha afectado la participación ciudadana ha sido los cambios políticos ideológicos en la esfera de Gobierno, pues ésta ha pasado de jugar un rol “importante y decisivo” en unos, ha disminuido y casi extinto en otros, inclusive dentro de un mismo período de Gobierno, sumado al hecho de que en su mayoría existe una falta de estrategia de sobrevivencia económica de las organizaciones, que le permita seguir impulsando sus actuaciones, con autonomía e independencia de cualquier tipo de presión política coyuntural.
El Sistema de Participación Ciudadana debe ser asimilado como una voz que, constante y permanentemente, pueda constituirse en mesa de diálogo abierto, franco y de confianza mutua, que facilite la toma de decisiones para la buenandanza del país y no como un medio apagafuegos de determinadas crisis. El uso utilitarista e instrumental de la participación ciudadana por algunos gobiernos, ha debilitado su rol social, encasillándola en “organizaciones pro-Gobierno”, lo que ha mermado la confianza de diversos sectores sobre ésta, sin dejar de señalar que tales “limitaciones” no han impedido que la participación ciudadana se abra paso, constituyéndose en un mecanismo eficaz de construcción de consensos y soluciones, desde y entre los ciudadanos.
Ahora bien, el tránsito de gobiernos izquierdistas a gobiernos liberales y/o neoliberales puso un poco “tímida y limitada”, o mejor dicho, “relegada”, la participación ciudadana en la cosa pública, principalmente porque, de alguna forma, impidió que ella se constituyera en un foro permanente de discusión-participación-crítica “incisiva” sobre el quehacer del Estado y sus instituciones, cualquiera que fuera el escenario político; sin embargo, a pesar de tales vaivenes, el fortalecimiento del sistema de participación ciudadana es innegable, pudiendo llegar a constituirse en una suerte de estandarte que iría eliminando el concepto de un Estado Absolutista, siempre y cuando el Estado coadyuve para ello, tirando al cesto de la historia, el criterio de que “gobernar es tarea exclusiva de los gobernantes”, volviendo nuestros pasos al concepto fundamental de la Democracia: la participación popular en la toma de decisiones.
Insisto: es tarea ineludible, indelegable e insoslayable del Gobierno, estimular la participación ciudadana en todas y cada una de sus actuaciones, precisa y fundamentalmente, porque él mismo (el FSLN), ha enarbolado permanentemente la bandera de la sensibilidad social, una asignación pendiente para el Frente que, fiel a los intereses que está llamado a representar, por sus “raíces ideológicas puras”, debe abrirse aún más, sin exclusiones de ninguna naturaleza, a las distintas manifestaciones sociales que tengan como fin común el desarrollo integral de Nación; y nosotros los ciudadanos, debemos demandar esta esfera de participación, ocuparla efectiva y eficazmente y aprovecharla en función de los intereses de la sociedad en general.
