De continuar el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE) tomando medidas arbitrarias e inconstitucionales en preparación para las elecciones municipales de noviembre, el resultado desde ya puede ser fácilmente predecible: una “avasalladora victoria” del orteguismo. Las acostumbradas encuestas se convertirán en un ejercicio fútil y las esperanzas del pueblo nicaragüense en decidir quién o quiénes serán los encargados de regir las estructuras gubernamentales, esta vez a nivel municipal, de nuevo se verán burladas por el orteguismo.
A medida que el sufragio se aproxima, la frecuencia de resoluciones violatorias del orden constitucional y electoral por parte del CSE hacen evidente la intención de que, independiente del número de votos logrados por los partidos de la oposición, independiente de cuántos y quiénes sean los observadores nacionales e internacionales fiscalizando la contienda e independiente de la incapacidad de los candidatos, los victoriosos, principalmente en las ciudades estratégicas, serán aquéllos que el actual gobierno, y especialmente Ortega, decida deban ser.
El CSE, controlado en su mayoría por magistrados sandinistas en concurrencia con algunos de los magistrados liberales, incluyendo a su presidente, quien según conjeturas del dominio popular está obligado a apoyar toda iniciativa favorable a Ortega, no deja duda sobre lo que se pretende: impedir a como dé lugar que la contienda se convierta en una masiva manifestación de repudio a la incapacidad del actual Gobierno y se pierda el control de importantes plazas, sobre todo ahora que los petrodólares de Chávez constituyen una envidiable herramienta para conquistar adeptos al partido.
La insólita decisión de arrebatarle la presidencia del partido ALN a Eduardo Montealegre corrobora la intención dolosa del Consejo. En un estilo ya acostumbrado, sus magistrados se las ingeniaron para fabricar tecnicismos electorales que dejaron a Montealegre temporalmente en un limbo político, forzándolo a aliarse con el PLC y provocando calculadas fisuras en la oposición. A pesar de haber generado enorme controversia y de persistir serias dudas sobre la cohesión de la alianza dado el sobresaliente rol asumido por el ex presidente Arnoldo Alemán, esta coalición se presenta hasta el momento como la única opción capaz de enfrentar la bien aceitada maquinaria orteguista.
La sustitución de Montealegre y de su movimiento como segunda fuerza política de acuerdo con las elecciones del 2006 también le usurpó el derecho que le correspondía de ocupar una posición crucial en las estructuras electorales. Al entregarle esa prerrogativa a una organización política sin representación popular, el CSE ha transferido el control del conteo de votos al FSLN, permitiéndole, como sucedió en las elecciones municipales pasadas, que los resultados sean manipulados a la conveniencia de Ortega.
La cancelación de las elecciones en tres municipios de la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN), alegando no existir condiciones por los daños causados por el huracán Félix en septiembre del año pasado, desnuda un nivel más la estrategia orteguista. Permitir esta cancelación, inconstitucional desde cualquier punto de vista, le daría al CSE la atribución de anular elecciones o de alterar el calendario electoral sin antes haberse realizado la indispensable reforma constitucional y electoral en la Asamblea Nacional. Hacerlo sería establecer un precedente que eventualmente le daría al CSE y consecuentemente a Ortega la facultad de cancelar las elecciones presidenciales programadas para el 2011 y extender su período por el tiempo que él considerase necesario. Desde ya se anticipa que esta decisión tiene los méritos suficientes para convertirse en el disparador de un nuevo conflicto entre el Poder Legislativo y el Electoral.
Aunque no tan recientes como las arbitrariedades mencionadas, pero indispensables para fabricar victorias orteguistas, han sido la persistente negativa al más del millón de nicaragüenses en el exterior de ejercer su derecho constitucional de votar fuera de Nicaragua y la evidente indiferencia demostrada hasta la fecha en depurar el padrón electoral para eliminar ocurrencias tan inverosímiles como el que personas fallecidas puedan votar y las que califican no lo puedan hacer. Ambas posturas refuerzan el convencimiento generalizado de que el CSE se ha convertido en el instrumento institucional preferido de la estrategia orteguista consistente en dividir, bloquear y eliminar cualquier agrupación opositora que amenace su proceso de consolidación y permanencia en el poder.
Le corresponde entonces a la Asamblea Nacional, último reducto de relativa independencia institucional, la obligación de aprovechar la oportunidad y realizar este año un cambio sustancial en el CSE nombrando magistrados de comprobada independencia y honorabilidad, sin compromisos políticos ni personales. Ignorar este clamor popular representaría una complicidad de la Asamblea con la actitud ilícita y repudiable del CSE.
