Diversas entidades, entre ellas el Ministerio de Educación (Mined) y la Asociación Nacional de Sordos de Nicaragua, junto con la Comisión de Educación, Medios de Comunicación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, preparan el anteproyecto de Ley denominado Ley para el Reconocimiento del Lenguaje de Señas de Nicaragua, que beneficiará a las 12 mil personas que conforman la comunidad de sordos del país.
El anteproyecto de Ley manda la creación del Consejo Nacional del Lenguaje de Señas, para el que se propone como órgano rector al Ministerio de Educación, institución que la semana pasada envió a la Asamblea Nacional los últimos aportes para que este proyecto sea dictaminado.
“Si dictan la Ley va a suponer una reglamentación del desarrollo de la lengua de señas”, señala Elizabeth Baltodano, directora de educación especial del Mined, ya que en distintas partes del país los muchachos sordos al no tener un vocabulario único “van creando sus signos para comunicarse”, explicó Baltodano.
La solicitud al reconocimiento del lenguajes de señas fue realizada en diciembre del 2006 por la Asociación de Sordos de Nicaragua, cuyo presidente es Javier López Gómez, quien además pidió ampliar la educación para personas sordas hasta el nivel superior y hacer traducciones de las noticias parlamentarias televisadas.
Una solicitud similar le hizo al Presidente de la República, Daniel Ortega, la joven Ivonne Morales, quien padece de deficiencia auditiva y es estudiante del quinto año del Colegio Bello Horizonte.
Según Morales, al menos se deben utilizar en el canal de la Asamblea Nacional intérpretes para poder comprender la realidad del país.
El anteproyecto de Ley establece que el Ministerio de Educación deberá garantizar a los estudiantes que tienen discapacidad auditiva el pleno derecho a la educación en lenguaje de señas, como primera lengua, a cargo de docentes y personal especializado.
Actualmente alrededor de 900 personas con deficiencia auditiva están inmersas en el sistema educativo. De ellas 15 se convertirán en los primeros bachilleres sordos a nivel nacional, quienes tienen la esperanza de ingresar a una universidad.
La Ley promoverá la “educación inclusiva” con intérpretes para personas sordas en los diferentes niveles educativos, de forma que contribuya a la formación integral.
Hasta ahora ninguna universidad posee intérpretes para sordos.
