LA PRENSA - Economa

Una idea razonable y desapasionada llegó a México desde el sur. No hace mucho, según declaró a la prensa internacional, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le planteó a su colega mexicano, Felipe Calderón, la posibilidad de crear una empresa entre Pemex y Petrobras para explotar nuevos yacimientos petrolíferos en México. La propuesta incluye una buena dosis de mesura que, hasta el momento, no logran conseguir los mexicanos, enfrascados en una dura polémica sobre el porvenir de la petrolera estatal, un tema fundamental de la reforma energética que promueve la administración de Calderón y que ya ha sido entregada a los miembros del Congreso mexicano para su discusión.

A pesar de diagnósticos desfavorables y peores augurios sobre el futuro de Pemex, el debate ya se pronostica entrampado, dada la conformación de dos bandos irreconciliables. Por un lado está el grupo que se opone a cualquier modificación profunda al régimen de la petrolera estatal y, por lo tanto, a la participación de capitales privados —nacionales o extranjeros— en las labores de exploración, extracción, refinación y transportación de petróleo crudo. Y en la acera de enfrente está el bloque (que incluye al Gobierno mexicano) que propone una apertura mayor a inversionistas, sin privatizar la compañía y sin perder la soberanía sobre el hidrocarburo.

Al tenso ambiente habría que sumar una campaña publicitaria del Gobierno que poco ayudará a destrabar el debate. En los spots se habla del “tesoro” que los mexicanos tienen en el fondo del mar (los yacimientos petrolíferos en aguas profundas del Golfo de México a los que Pemex aún no consigue acceder). Pero no se aclaran detalles importantes: ¿Cómo se sacará de ahí “el tesoro”?, ¿quién lo hará?, ¿cuál será el papel de Pemex en la recuperación de ese botín? Ni siquiera se afirma que la obtención de ese tesoro no implicará la privatización de la petrolera.

Quizá por eso Lula evitó recomendar más abiertamente seguir la senda de Petrobras, la petrolera semiestatal brasileña que permite la participación de capitales privados en proyectos y que se ha convertido en un caso de éxito tecnológico y financiero. Alguien le habrá dicho que en México, para muchos, Pemex y capital privado en la misma frase equivale a traición a la Patria, a despojo al pueblo o a colocar publicidad estadounidense en una pirámide de Teotihuacán.

Ingresos con soberanía

La idea de Lula tiene la bondad de evitar la discusión sobre privatizar o no Pemex. Pero lo cierto es que Calderón no ha sugerido la privatización. En las declaraciones del presidente mexicano y las de su Ministra de Energía, Georgina Kessel, se lee que lo que quieren es dotar a la compañía de “suficiente autonomía, capacidad de ejecución, financiamiento y contratación para obtener tecnología de punta”. El plan es permitir a la petrolera hacer lo que hasta ahora tiene prohibido por ley: asociarse con firmas privadas para buscar y explotar yacimientos, refinar y transportar combustibles. La necesidad tiene una motivación sencilla: la compañía tiene muchos problemas y pocos recursos para enfrentarlos. Más que una amenaza a la nación.

En el documento Diagnóstico: situación de Pemex —elaborado por el Ministerio de Energía y las autoridades de la petrolera, y que se difundió entre los partidos políticos que discutirán la reforma energética— hay datos alarmantes: con los ritmos actuales de extracción de crudo, las reservas probadas sólo resultarán suficientes para 9.2 años. En los últimos tres años, la producción acumula una caída de 300,000 barriles diarios, lo que implica, considerando el precio del petróleo promedio anual del período, que México dejó de recibir ingresos por US$10,000 millones. En el escenario más optimista y sólo extrayendo los hidrocarburos que están más a la mano, para 2021 Pemex estaría produciendo 1.3 millón de barriles diarios adicionales, medio millón menos de lo que se produce hoy. Resultados que ya se reflejan en su descenso en el ranking de las petroleras más importantes del mundo de Petroleum Intelligence Weekly: de la posición 6 que ostentaba en 2000, ha caído al escaño 11 en 2007.

Pero estos datos no han servido para menguar los ánimos en la discusión. Para el secretario de la Comisión de Energía del Senado mexicano, el izquierdista Graco Ramírez, la solución de la firma no pasa por la apertura del sector petrolero, sino por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), que se resiste a dar un tratamiento fiscal distinto a Pemex. En opinión de Ramírez, los problemas de la petrolera se solucionarán cuando el Gobierno, vía SHyCP, deje de arrebatar el 40 por ciento de los ingresos a la paraestatal. Al no perder esos ingresos, Pemex tendrá, según Ramírez, recursos suficientes para hacer, por sí misma, las labores que ahora se dice que requieren el apoyo de capitales privados.

Pero así y todo Pemex necesitaría la experiencia, tecnología e inversiones que tienen las empresas petroleras privadas, dice Claudio X. González, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN). Sobre todo si el plan de rescate tiene su eje en la exploración de aguas profundas, un área en la que la petrolera tiene nula experiencia. “Nadie se dedica a aguas profundas solo, ni las empresas más grandes del mundo, ni brasileños ni noruegos”, dice González. “Y nosotros no tenemos capacidad ni para hacer las inversiones”.

De acuerdo con un informe confidencial del Ministerio de Energía, que se filtró a la prensa y que la oficina gubernamental no ha desmentido, en aguas profundas el Gobierno de México ha calculado un valor bruto del potencial petrolero a más de 2,000 metros de profundidad desde los US$850,000 millones hasta los US$1.5 billón (millones de millones). Este cálculo se basa en un precio de la mezcla mexicana de US$50 por barril, precio muy por debajo de lo que se maneja en el mercado. Para extraer este “tesoro”, dice el documento, se entregarían contratos a empresas privadas —nacionales o extranjeras— por montos entre US$232,000 millones y US$409,000 millones, generando un beneficio económico para México, descontando gastos de exploración y desarrollo, de entre US$618,000 millones y US$1.9 billón (millones de millones).

Y a pesar del frío juicio de las matemáticas, la expectativa de que la reforma energética logre abrir la puerta a capitales privados para Pemex es baja. Por un lado, dice González, del CMHN, hay muchos intereses políticos alrededor de la compañía y el tema del petróleo en México está rodeado de una mitología que mezcla la discusión con el patriotismo y la defensa de la soberanía nacional. “Sólo podemos esperar una reforma light, no creo que los políticos permitan un cambio profundo en el corto plazo”, añade Duncan Woods, del departamento de Estudios Internacionales y director de la licenciatura de Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo (ITAM) de México.

fantasma privado

Al rechazo casi cultural a cualquier iniciativa que hable de capital privado habría que añadir que la experiencia mexicana en privatizaciones deja más dudas que certezas. El caso de Teléfonos de México (Telmex) sería el más emblemático. Se privatizó en 1990 y acabó en manos de un consorcio encabezado por el magnate mexicano Carlos Slim, la gala de telecomunicaciones France Telecom y la estadounidense SBC Communications (hoy AT&T), que pagaron US$1,760 millones por la compañía.

Aunque la privatización mejoró la calidad del servicio e implicó avances en infraestructura, no se tradujo en mejores precios para el consumidor. Entre los 30 países miembros de la OCDE, los mexicanos pagan las tarifas telefónicas más altas, y 7 veces más por la larga distancia. Tampoco creó un mercado de telecomunicaciones competitivo (lo que la hispana Telefónica no ha dejado de hacer notar). Además, en opinión de muchos, sólo marcó el inicio del encumbramiento de un, hasta entonces, no tan conocido empresario mexicano, Carlos Slim, al grado de convertirlo en uno de los tres hombres más acaudalados del orbe (con una fortuna personal que supera los US$60,000 millones). El caso Telmex se podría describir como la muerte de un monopolio estatal y el nacimiento de un cuasi monopolio privado.

Este precedente, dice Carlos Lugo, coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la mexicana Universidad Iberoamericana (UIA), pesará en el ánimo de las discusiones en torno a la flexibilización del modelo de Pemex. Sin embargo, en opinión de Woods, del ITAM, y Lugo, de la UIA, el problema no es permitir que la petrolera se abra a los capitales privados —que necesita para proyectos estratégicos como los del Golfo de México—, sino que la apertura no esté acompañada por una sólida y estricta regulación que acote el papel de los privados. “Cuando no hay regulación ni vigilancia, hay riesgos en cualquier iniciativa de privatización o apertura de mercados en poder del Estado”, apunta Lugo.

Bajo esa lógica, bastaría que el Gobierno, al mismo tiempo que planteara las reformas constitucionales que permitan a Pemex aliarse con entidades privadas, creara una regulación y un ente vigilante que evite que los organismos privados obtengan más de lo que se ha pactado en una negociación o proyecto. “En México, se debe cambiar la mentalidad: si es posible controlar a una empresa privada”, dice Woods, del ITAM.

Con la reforma energética ya en el Congreso mexicano, Pemex será el tema de apasionados debates: el choque entre quienes defienden la viabilidad del más importante proyecto energético del país y aquéllos que asumen la defensa de la Patria. El consenso se antoja casi imposible. Así, con un poco de mala suerte, los mexicanos tendrán que resignarse a preguntar más detalles sobre la idea de Lula.