El encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Managua defendió ayer las acciones del Gobierno sandinista de acusar al Diario LA PRENSA y conseguir que un juez fallara en contra de este medio independiente, por injuria, a pesar de haber sido un proceso judicial viciado.
El diplomático venezolano Pedro Luis Penso Sánchez dijo que en Nicaragua existe una plena libertad de prensa, igual que en su país.
Penso Sánchez desestimó que el presidente Daniel Ortega intente sentar un precedente instrumentalizando al juez Celso Urbina, quien condenó al Director de LA PRENSA, Jaime Chamorro Cardenal, y al Jefe de Redacción, Eduardo Enríquez.
“Son percepciones muy prejuiciadas de un conjunto de sectores que han enfilado sus baterías contra el gobierno del presidente Ortega”, dijo el funcionario venezolano, y alegó que en su país también existe libertad de prensa, pese a que el presidente Hugo Chávez cerró el año pasado el canal de televisión RCTV, por criticar al Gobierno.
“Las concesiones —dijo Penso, con relación a RCTV— no son eternas”.
DEMOSTRACIÓNDE IGNORANCIA
El penalista Sergio García Quintero amplió ayer las consecuencias legales del juicio contra LA PRENSA y concluyó que “el juez hizo una demostración enorme de ignorancia, porque ni siquiera conocía el proceso”.
“Seguramente, a él le fueron armando el andamiaje y la sentencia, estoy seguro de que él no la redactó. Allí hubo el trabajo de un equipo, en el cual parecía un torneo de aquel juego de ‘gana-la pierde’, quién daba más muestras de ser torpe y más ignorante como para dictar una sentencia como ésa”, añadió.
García Quintero, un ex juez con trayectoria que también defendió a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el Director mártir de LA PRENSA, en los burdos juicios montados por la dictadura somocista, dice que aún no logra entender cómo el juez Celso Urbina terminó con una condena por injuria, si los acusadores lo hicieron por calumnia.
No hay sustento legal para eso, enfatizó.
“Fallar en contra de alguien que ha sido querellado, o acusado por una injuria así, sin haberle mencionado su nombre, y sin dar ninguna seña que pudiera ser identificable, es una aberración y negación total al Derecho, la sentencia no tiene asidero. No podría dictarse nunca, no podría dictarse en ninguna nación civilizada”, explicó.
García Quintero considera que todo se trata de un mensaje de la Primera Dama.
El plan de Murillo
“La condena tenía que ocurrir así porque Doña Rosario (Murillo, Primera Dama) tenía que hacer una demostración de fuerza ante los CPC; que transmitiera el mensaje que no importa quién tiene la razón, y a favor de quién está la justicia, lo importante es el que está conmigo, el que forma parte de los CPC está blindado porque ni siquiera la ley puede llegarle. Si está con nosotros, nosotros doblegamos a la ley, al Poder Judicial, para favorecerlo”, añadió.
El abogado explicó que la injuria ocurre cuando se menciona directamente a alguien —eso no ocurrió en la publicación de LA PRENSA—, cuando se caracteriza a alguien con tal precisión que todos quedan claros de que se trata de esa persona, o por alguna caricatura.
Un recuento
La demanda contra Enríquez y Chamorro fue interpuesta inicialmente por calumnias el 21 de diciembre del año pasado por cinco mujeres del CPC del Distrito Cinco de Managua que, según dijeron, se sintieron dolidas porque LA PRENSA tituló “CPC con licencia para dar golpizas”, al informar cómo el periodista Jorge Loáisiga fue agredido al finalizar un mitin del presidente Daniel Ortega.
Los CPC han sido señalados por la oposición como órganos partidarios, financiados por el Gobierno, para consolidar el poder de la pareja presidencial en la calle.
Pero el Alcalde sandinista de Managua, Dionisio Marenco, ha considerado a los CPC como innecesarios.
CHÉVEZ ALABA AL JUEZ
Elías Chévez, secretario político del Frente Sandinista (FSLN) en Managua y coordinador de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), defendió ayer la sentencia del juez Celso Urbina que condenó a LA PRENSA.
“Yo reconozco que el juez fue imparcial. La posición del judicial merece un respeto y hay que acatarla. Fue correcta”, dijo Chévez.
“Entiendo los intereses que ustedes (LA PRENSA) representan, que están efectivamente contra los intereses que nosotros representamos. Ustedes defienden los intereses de una clase”, dijo Chévez ayer.
REPERCUSIÓN INTERNACIONAL
Los medios de prensa internacionales han dado amplia cobertura al golpe que propinó el gobierno de Ortega al Diario LA PRENSA, utilizando al sistema judicial.
Un organismo defensor de derechos humanos de Nicaragua denunciará ante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, la sentencia judicial contra el Diario LA PRENSA de Managua, informó la agencia EFE.
El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), integrado por miembros de la sociedad civil, señaló en un pronunciamiento que elevará el caso ante la CIDH, en fecha que no precisó, porque esa sentencia “marca un grave precedente para la libertad de expresión en Nicaragua”.
Un juez de Managua dictó, el pasado jueves, un fallo de culpabilidad contra el Director y el Jefe de Redacción del Diario LA PRENSA por el supuesto delito de injurias contra cinco mujeres miembros del gubernamental Consejo del Poder Ciudadano (CPC).
El juez Octavo Local Penal de Managua, Celso Urbina, dictó su sentencia contra el Director de LA PRENSA, Jaime Chamorro Cardenal, y el Jefe de Redacción de este Diario, Eduardo Enríquez.
La querella fue presentada contra los ejecutivos del periódico nicaragüense el 21 de diciembre del año pasado por cinco mujeres, miembros de los CPC, quienes consideraron que una nota publicada por LA PRENSA el 20 de diciembre dañó su honorabilidad.
Los CPC son organismos que dirigentes de la oposición han considerado como una reedición de los Comités de Defensa Sandinista (CDS) que existieron en la década de los años ochenta, para controlar a los ciudadanos.
El Cenidh, en su pronunciamiento, condenó la sentencia y acusó al juez Urbina de haber irrespetado “el debido proceso y evidenciado el carácter político y parcializado con que opera el Poder Judicial” en Nicaragua.
“El Cenidh considera que este juicio fue contra la libertad de expresión en Nicaragua, con el objetivo de intimidar a hombres y mujeres de prensa, a organizaciones de la sociedad civil y a toda persona que se atreva a criticar la actuación del Gobierno y de sus expresiones organizadas”, anotó el organismo.
Según el Cenidh, “La Prensa no ha realizado una acción que violente el ordenamiento jurídico y no se puede penalizar a un medio de comunicación por cuestionar, en el marco de la libertad de expresión, a un instrumento político partidario vinculado al Gobierno de Nicaragua”.
