Una nueva reunión sostendrán la próxima semana representantes de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) y miembros de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur), para abordar la veda de urbanización acordada entre las alcaldías de El Crucero, Nindirí, Ticuantepe, La Concepción, Managua y Enacal y que pone en riesgo más de doscientos millones de dólares en inversión.
Según Ruth Selma Herrera, presidenta ejecutiva de Enacal, durante el encuentro se entregará un documento donde se especifican “una por una” las supuestas violaciones a las normas de construcción en las que han incurrido las urbanizadoras, ubicadas en la subcuenca sur, que la conforman más de ocho mil manzanas de tierra.
La propuesta de Cadur
A criterio de Alfonso Silva, presidente de Cadur, la problemática no radica sólo en las urbanizadoras, sino también en las decenas de asentamientos ubicados en la zona, por lo cual durante la reunión, solicitarán a Herrera que tome en cuenta la situación del sector agrícola de la zona y de los asentamientos.
La reunión se llevará a cabo aun cuando Enacal y Cadur sostienen una demanda legal que se definirá en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero que por ahora se inclina en favor de Cadur, ante la resolución emitida el pasado dos de abril por el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) que decretó “la suspensión” de la veda.
Herrera desconoce esta resolución y aduce que “Enacal tiene una ley que le permite regular el uso inadecuado de los vertidos”. “(Tenemos) regulaciones suficientes para proteger los acuíferos. Todas las leyes que tenemos y las que tienen las municipalidades le permiten regular”, explicó Herrera durante una campaña de concientización por el manejo correcto del alcantarillado sanitario.
Enacal aduce que el uso indebido de la subcuenca sur, pone en riesgo a los managuas, algo que Cadur admite, pero reclama una solución integral al problema.
