En un escrito dirigido a los funcionarios del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Bayardo Izabá y Gonzalo Carrión, Miguel Ángel Molina Hernández, conocido como “Veinte Leguas”, denunció supuestas amenazas de muerte en su contra, asociadas al problema de la propiedad en lo que fue el ingenio Victoria de Julio (El Timal).
Molina, quien destaca que es dirigente de 1,600 familias que desde hace 12 años mantienen posesión de las tierras en El Timal, denuncia a dos ex miembros de la Resistencia, ahora vinculados al Gobierno, y a un funcionario policial de haber vertido supuestas amenazas de muerte en su contra.
DICE QUE HAY EVIDENCIAS
Asegura en su denuncia que hay presuntas declaraciones de estas personas que le habrían advertido “que sólo me quedaban tres opciones: la cárcel, el hospital o el panteón”.
“Pero aún hay algo más grave en todas las amenazas dirigidas a quitarme la vida, que estos dos matones anteriormente mencionados son asalariados o asociados al Gobierno actual, pero sin grado o rango de autoridades constituidas y activas”, señala el denunciante.
A criterio de Molina, a la fecha existe una serie de evidencias “que ya no se pueden seguir ignorando y dejando pasar, que atentan contra mi vida y todos mis derechos humanos”.
ALEGA COMPLICIDAD
Refiere el denunciante que supuestamente existe “una complicidad total y absoluta entre todos los operadores, a despojarnos de nuestros derechos, no sabemos a quién achacar esta agresión brutal y despiadada”.
“Veinte Leguas” advierte que en esa propiedad permanecen desmovillizados del Ejército, de la ex Resistencia Nicaragüense y del extinto Ministerio del Interior, por lo que de continuar estas presiones “están provocando un baño de sangre de nefastas consecuencias”.
Al momento de su denuncia, Molina señala a los funcionarios del Cenidh que cuenta con el respaldo de cien jefes de familia, dispuestos a declarar sobre las amenazas existentes en contra de su persona.
Asegura que estas personas pueden dar fe de que han escuchado a las personas a las que acusa, de verter esas amenazas de muerte.
EN CONFLICTOS DESDE EL 2007
Desde el año pasado Molina se ha visto enfrascado en continuas acusaciones a autoridades gubernamentales, las cuales están relacionadas al problema de tierras en El Timal.
Molina hasta presentó una queja en contra de autoridades policiales locales ante Asuntos Internos de esa institución, pero en esa ocasión las autoridades lo señalaron de pretender supuestamente alterar el orden.
En esa ocasión también hubo señalamientos en su contra por parte de la Procuraduría General de la República, que lo señaló entre las personas investigadas por presunta venta de tierras.
Molina Hernández alegó en ese momento que las acusaciones que le hacían estaban basadas en intereses de productores de arroz y “otros señores que son allegados del Gobierno actual”, que pretenden quedarse con las tierras de El Timal, que él y otros demandan.
