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Arce no ve peligro, el Cosep piensa lo contrario Mientras el asesor de Asuntos Económicos de la Presidencia, Bayardo Arce, minimizó ayer la amenaza a la libertad de prensa en Nicaragua, por la reciente resolución de culpabilidad en contra de LA PRENSA por el supuesto delito de injuria en contra de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, externó su preocupación por el precedente de este fallo. En tono irónico y con una risa de por medio, Arce se preguntó: “¿Y por qué esa resolución es una amenaza a la libertad de expresión? Si no me equivoco es la primera vez que sale una sentencia en que a un medio o a algunos dueños de medios se le sentencia por injurias”. Denunció que “aquí hay muchos medios que todos los días injurian y calumnian a todo el mundo”, incluyendo al canal oficialista del Gobierno, admitió Arce. Arce sostuvo que desconoce los pormenores del caso, por lo cual no quiso negar o admitir que LA PRENSA cometió el delito de injuria en contra de cinco mujeres miembros de los CPC. “Yo sigo cosas más importantes que eso”, señaló, pero luego afirmó que las leyes “se hicieron para aplicarlas”. Por su parte, el representante del Cosep, José Adán Aguerri, manifestó que este tipo de resoluciones “no abonan” a la creación de un ambiente de confianza y estabilidad en el país. “Este tipo de situaciones nosotros no lo vemos de manera positiva (...) Yo creo que el hecho de que se haya dado esto (la sanción en contra de este Diario) no va a limitar, no va a hacer que las cosas se dejen de plantear como se deben plantear. No se van a dejar de decir las cosas, aunque se presenten obstáculos”, manifestó Aguerri. Las declaraciones las brindaron ambos personajes ayer, durante un acto de condecoración al embajador saliente de España, Jaime Lacadena Higuera, quien recibió la Orden José de Marcoleta en grado de Gran Cruz.

Organizaciones condenan fallo judicial Los empresarios y organizaciones civiles como el Movimiento por Nicaragua y Hagamos Democracia también se sumaron ayer a favor de LA PRENSA y su línea informativa. “(Emitimos) nuestra más firme condena ante la arbitraria y seriamente cuestionada decisión adoptada por el juez (Celso Urbina) de la causa, quien desde el inicio del inicuo juicio adoptó posiciones parcializadas e impidió el legítimo derecho a la defensa que asistía a los acusados. Este viciado proceso es una muestra concreta del daño que representa para la nación el no contar con tribunales de justicia que actúen conforme a Derecho”, manifestó en un comunicado la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham). “El pueblo nicaragüense luchó por muchos años frente a dictaduras autoritarias y totalitarias para conquistar el sagrado derecho a la información y a la libertad de expresión, mismos que se ven seriamente amenazados con acciones como las desarrolladas en el espurio juicio referido”, añadió Amcham. Asimismo, el Movimiento por Nicaragua sostuvo en un comunicado que la libertad de prensa ha sido reprimida en el juicio que sufrió LA PRENSA y agregó que los Juzgados dejaron un mal precedente al resto de medios de información y a la sociedad en general. “El delito por el cual sentenciaron a los dos funcionarios de LA PRENSA no tiene ninguna base legal y sólo se explica porque tenemos un sistema judicial partidizado. Por tal motivo, los organismos de sociedad civil, en conjunto con la población nicaragüense, debemos seguir luchando y demandando al Gobierno y a todos los poderes del Estado, el respeto al Estado de Derecho y a nuestras leyes, para alcanzar una verdadera democracia e impedir la instauración de una dictadura institucional”, indicó el Movimiento por Nicaragua.

Cuarezma alarmado El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sergio Cuarezma, señaló ayer que la “censura está a la vuelta de la esquina”, tras un fallo condenatorio en contra de Jaime Chamorro Cardenal y Eduardo Enríquez, de LA PRENSA, por lo cual propuso a la sociedad iniciar con una reflexión más allá de toda emotividad y de los errores de carácter jurídico. “Los delitos de injuria y calumnia son para tutelar la dignidad y el honor de las personas, pero la historia política nicaragüense demuestra que se utilizan para perseguir y castigar la disidencia y la libertad de expresión (como derecho individual) y el derecho a la información (como derecho social)”, dijo Cuarezma. El miembro del Tribunal Supremo manifestó que tanto la dignidad como el honor son elementos vitales, pero también deben protegerse en otro ámbito del Derecho, como la vía civil, siempre evitando iguales o peores reacciones, como la afectación desproporcionada del patrimonio de la persona natural o jurídica demandada. Cuarezma explicó que la libertad de expresión, así como el derecho a la información, son elementos necesarios para un Estado pluralista y democrático, y en la medida que los mismos sean perseguidos bajo cualquier “motivo”, se producirá un desmantelamiento no sólo de la credibilidad del Estado mismo, sino que además permitirá la aparición de un poder sin ningún tipo de control. “Lo cual podría llevarnos a un Estado policía donde el poder carece de todo tipo de control y en una situación como esa, la seguridad de una persona sería el silencio, dando paso con ello a una cultura de la ‘paz de los cementerios’”, afirmó. Cuarezma sentenció que la desigual administración de justicia provoca un caos aún peor en cualquier Estado.

Más condenas al fallo El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), coincidieron en que la sentencia emitida por el juez Celso Urbina carece de fundamento jurídico y atenta contra la libertad de expresión. En un pronunciamiento emitido ayer, el Cenidh condenó la sentencia de Urbina y anunció que el grave precedente será presentado ante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Cenidh indicó que el fallo judicial irrespetó el debido proceso y evidenció el carácter político y parcializado con que opera el Poder Judicial, marcando un grave precedente para la libertad de expresión en Nicaragua. El Cenidh señaló que con su publicación, LA PRENSA no ha realizado una acción que violente el ordenamiento jurídico y estimó que no se puede penalizar a un medio de comunicación por cuestionar “en el marco de la libertad de expresión a un instrumento político partidario vinculado al Gobierno de Nicaragua”. En tanto, el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, coincidió en que la sentencia judicial “es un atentado en contra de la libertad de prensa y libertad de expresión”, a su vez consideró que el mismo deja entrever que el Poder Judicial “se ha dejado manipular por intereses políticos, por intereses partidarios”. “Vemos con mucha preocupación que éste sea ahora el nuevo método que el Gobierno esté utilizando para desprestigiar o desacreditar a los diferentes medios de comunicación, aquellos medios que están comprometidos con defender la libertad de prensa, el Estado de Derecho, con defender la democracia”, expuso Carmona.

¿Con las orejas frías? La presidenta del Colegio de Periodistas de Nicaragua, Mercedes Rivas, calificó como “lamentable” la sentencia en contra de LA PRENSA, pero aclaró que no conoce al detalle el espinoso caso. Representantes de los canales 8, 10 y 12 también dijeron desconocer el caso.

El fallo dictado en contra de LA PRENSA, por el juez Celso Urbina, provocó ayer un amplio rechazo por parte de círculos del periodismo independiente, organizaciones civiles, empresarios, juristas y políticos de oposición. Fuentes consultadas ayer criticaron al Poder Judicial y al Ejecutivo que dirigen Daniel Ortega y la primera dama, Rosario Murillo, al acusarlos de pretender instalar una dictadura en Nicaragua, que pasaría por “bozalear” y eliminar al periodismo independiente, utilizando “recursos legales”.

Urbina emitió un fallo en contra del Presidente y Director de LA PRENSA, Jaime Chamorro, y del Jefe de Redacción, Eduardo Enríquez, por el delito de injuria, pese a que la querella de un grupo de mujeres pertenecientes a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) no fue probada.

GUERRA, BOZAL, DICTADURA

La periodista Sofía Montenegro manifestó que el juez Urbina “exhibió” la sumisión del Poder Judicial ante Ortega y Murillo, y añadió que, tras la sentencia, el Gobierno inició una “guerra a la prensa nacional independiente”.

LA PRENSA sería la punta de lanza en la estrategia.

“Este es el banderillazo de aviso para toda la prensa nacional, a todos los periodistas, porque prácticamente le han declarado la guerra a la prensa nacional independiente y a los periodistas que no se someten y ha quedado exhibido el Poder Judicial en términos de su actitud sumisa a los dictados de la secretaria de Comunicación (Murillo), porque esto fue cocinado en la cocina de la primera dama”, sostuvo Montenegro.

A lo largo de todo el proceso, LA PRENSA logró demostrar que los abogados y los vehículos en que se transportaban las querellantes están ligados al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Además, la defensora de LA PRENSA, Helga Asher, demostró antes y durante el litigio que la información que provocó la demanda por parte de los CPC no contenía ni calumnias ni injurias en contra de las cinco querellantes, debido a que no se menciona ningún nombre.

El diputado Adolfo Martínez Cole, miembro de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, calificó como un “atropello” la decisión judicial y expresó que “sin dudas” se ha abierto el camino para instaurar en Nicaragua “una dictadura”.

“Eso es un atropello a la libertad de expresión, porque no se puede considerar dentro de la legalidad un caso de injurias o calumnias, cuando no hay ninguna persona concreta injuriada o calumniada, éstos son ardides para quitarle al nicaragüense la libertad de opinar”, indicó Martínez.

UN ACTO PERVERSO

La presidenta de la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), Elsa Gómez, dijo que el fallo es una “perversidad” en contra del periodismo y que no abona a la reconciliación.

“La UPN considera el fallo en contra de LA PRENSA como un acto más de perversidad contra el gremio y el ejercicio de los profesionales del periodismo nacional. Lo ocurrido en el presente juicio, de una sola vía, no es más que una abierta violación al artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos. No puede haber justicia cuando las leyes se aplican con nombre y apellidos mediante procedimientos jurídicos amañados y politizados”, sostuvo Gómez al leer un comunicado de la UPN.

Los medios de información oficialistas (Canal 4 y Radio Ya) y los oficiosos Canal 8 y 100% Noticias, mantienen desde hace varias semanas anuncios en los que acusan a Jaime Chamorro Cardenal de cometer un supuesto robo por los Cenis.

“No puede haber paz en un país que coarte la libertad de expresión y difusión del pensamiento... No podemos surgir como nación libre, soberana e independiente mientras se gobierne con la ley del bozal”, añadió la UPN.

UNIRSE Y DENUNCIAR ACOSO

Por su parte, el director de El Nuevo Diario, Francisco Chamorro, llamó al gremio periodístico a unirse y denunciar el resultado de un “burdo juicio” que podría abrir las puertas a otras condenas en contra de los ciudadanos.

“Es un precedente gravísimo lo que le sucedió al Diario LA PRENSA, y después de eso cualquier medio, cualquier periodista y cualquier persona, porque los periodistas no somos los únicos que tenemos la exclusividad ni el monopolio de la opinión pública, pueden ser condenados, entonces es realmente un gravísimo precedente”, dijo Chamorro.

En tanto, la vicepresidenta de Canal 2 de televisión, Martha Sacasa, denunció “un gran golpe a la libertad de expresión y a los medios en general”.

Sofía Montenegro, que pertenece al Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), explicó que el fallo en contra de LA PRENSA en realidad es una sentencia perjudicial para la mayoría de los nicaragüenses y en especial para la libertad de expresión.

MORDAZA E INTIMIDACIÓN

“Si fallan en contra de LA PRENSA fallan en contra de la mayoría de la ciudadanía en Nicaragua y contra toda la gente que hemos denunciado esa estructura espuria (CPC) y creo que a todos nos queda bastante claro que la represión y las formas de censurar revestidas de una supuesta legalidad y de aplicación, entre comillas, de justicia, es el mecanismo que podemos esperar todos los demás. Estamos avisados todos, creo que es una evidencia más del rumbo totalitario y la voluntad totalitaria que tiene el presente Gobierno”, indicó Montenegro.

“Una vez que se cae y reprime la libertad de expresión, todo lo demás viene por añadidura. Amordazar, intimidar a los medios, es intimidar a toda la sociedad, porque el derecho a la información es universal, entonces al reprimir a LA PRENSA, nos reprimen a todos nosotros”.

HISTORIA CÍCLICA

En tanto, el jurista Sergio García Quintero afirmó que para él no fue sorpresa la sentencia en contra de LA PRENSA, porque “ésta era una lucha entre la injusticia y la justicia. La injusticia representada por doña Rosario Murillo, que fue realmente la que armó todo este andamiaje. Ella fue la que promovió, la que incitó, la que utilizó a estas señoras para entablar un juicio inicuo contra la libertad de expresión”.

En el año 1974, García Quintero fue defensor del Director Mártir de LA PRENSA, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, por una acusación por injurias que le realizó el somocismo.

García Quintero indicó que existe un paralelismo entre los hermanos Pedro Joaquín y Jaime Chamorro Cardenal.

“Ayer (jueves) uno estaba viendo cómo se revivía la historia de 1974, en la que el general Somoza, dejándose utilizar por Cornelio Hüeck, desmanteló el Código Penal, armó un nuevo código para utilizarlo y lanzarlo contra LA PRENSA. Yo recuerdo los 75 mil córdobas de multa que se le impuso a Pedro y la enorme cantidad de problemas y amarguras por las cuales pasó LA PRENSA”, dijo García Quintero.

El jurista añadió que la persecución del somocismo en contra de LA PRENSA y de Pedro Joaquín Chamorro terminó viéndolo a él acribillado a balazos sobre una plataforma. “¿Hasta allí (el actual Gobierno) quiere llegar?”, se preguntó García Quintero.

Sobre la parte técnica del juicio, García Quintero enfatizó que injurias y calumnias son dos figuras jurídicas que jamás son conciliables. Cada una tiene su propia naturaleza.

“Definitivamente que si era por injurias o era por calumnias, en el fondo ya era totalmente indiferente. Doña Rosario y los CPC ganaron esta batalla. Todos los hilos de poder, el vehículo del FSLN, funcionarios del Estado involucrados en este asunto, llenaron su cometido, los que fueron elocuentes y los que fueron mudos a la hora del proceso y un juez imperturbable que demostraba una aparente serenidad y que no fue más que una simple pieza dentro de este ominoso y tortuoso ajedrez que se manejó en el Juzgado”, finalizó el jurista García Quintero.