Las historias de los salvadoreños Jorge Guevara y Milagros Rivera, así como la de otros miles de emigrantes guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses que atraviesan el territorio mexicano rumbo a Estados Unidos, no son ajenas a la realidad. Durante el último lustro el fenómeno migratorio, no sólo en México y Centroamérica sino en el mundo, se ha diversificado y se ha hecho más complejo, trayendo consigo constantes amenazas y mayor vulnerabilidad.
Un reportaje especial de la agencia AP, publicado en este periódico el sábado 12 de abril, acertadamente señalaba que para el emigrante centroamericano la travesía comienza en el río Suchiate, en la frontera entre Guatemala y México. A partir de ahí, un recorrido de más de 4 mil kilómetros, ya sea vía marítima o terrestre, está lleno de riesgos para quien lo emprende. Sin embargo, a diferencia de lo narrado en el artículo referido, el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno mexicano contempla una política de respeto y protección de los derechos humanos de los migrantes, la cual se ve reflejada en las diversas acciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en la frontera sur de México.
Con el objetivo de facilitar los flujos migratorios documentados, proteger los derechos de los migrantes, contribuir a la seguridad fronteriza y ampliar y mejorar la estructura legal y tecnológica, el INM ha desarrollado una serie de programas de atención a la población migrante. Por ejemplo, mediante el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos (PIAMF), el Gobierno de México brinda a los menores migrantes un trato digno y en apego a sus derechos, contando con personal calificado en las estaciones migratorias, promoviendo la atención a la infancia en los países centroamericanos y estableciendo un primer albergue de tránsito en Tapachula, Chiapas.
Asimismo, el INM opera desde el año 2003 un Programa de Dignificación de Estaciones Migratorias, que ha mejorado las condiciones físicas y servicios de 84 instalaciones de aseguramiento de indocumentados, con el fin de ofrecer una mejor atención a los mismos. Actualmente, México cuenta con 48 estaciones migratorias que garantizan la libertad religiosa, un trato digno y humano y los derechos a la salud, a la comunicación y a una representación legal. Ante las denuncias de maltrato y violación a los derechos humanos de los migrantes cometidas por autoridades policíacas de México, la Secretaría de Seguridad Pública ha coordinado con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el INM un programa de capacitación en materia de refugiados, derecho internacional, derechos humanos, explotación sexual infantil, trata de personas, psicología del migrante, entre otras.
Dicha capacitación brinda los conocimientos necesarios sobre migración para que las autoridades mexicanas lleven a cabo sus funciones con apego a una cultura de legalidad y respeto. Además, los Grupos Beta de Protección a Migrantes, los cuales se ubican en las fronteras norte y sur de México, reciben cursos de atención especializada en el campo de los derechos humanos. Algunas de las actividades de los Grupos Beta son: rescate, localización, asistencia social y jurídica, orientación, prevención y atención a migrantes.
A su vez, el Gobierno Mexicano suscribió son sus pares de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua un Memorando de Entendimiento para garantizar la repatriación voluntaria, ordenada y segura de nacionales centroamericanos vía terrestre. En lo que va del año, y en el marco de dicho Acuerdo, las autoridades migratorias de México y Nicaragua han reubicado alrededor de 50 nicaragüenses en sus lugares de origen. Esto no quiere decir que el tránsito de los emigrantes centroamericanos por México esté exento de abusos, pero sí que hay una mayor atención y disposición del Gobierno de México para observar y dignificar el proceso multidimensional de la migración.
Las iniciativas y políticas públicas del Gobierno del presidente Felipe Calderón en el tema migratorio no “le hacen el bolado a los gringos”, sino más bien buscan construir una nueva cultura de la migración, en la cual México se reconoce a sí mismo como un país de origen, tránsito y destino de migrantes. Y es precisamente en esta coyuntura que se requiere de la cooperación regional para sumar esfuerzos en beneficio de los derechos de los migrantes.
