Las arbitrariedades que sufre LA PRENSA dentro del juicio por calumnias que le promueven cinco mujeres de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), ya no son sólo del juez Celso Urbina, sino también de la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), la cual admitió un amparo que presentó la abogada Helga Asher contra Urbina, pero no ordenó suspender el absurdo proceso.
Los magistrados de la Sala Civil Dos que firman la sentencia son los sandinistas Gerardo Rodríguez, Vida Benavente y Rafaela Urroz, aunque esta última no es miembro de la misma.
El juicio está programado para mañana jueves, a las 2:00 p.m., en la Sala de Juicios de la Universidad Centroamericana (UCA), donde está funcionando este mes el Juzgado Octavo Local Penal.
Pero Asher pidió al juez Celso Urbina convocar a una audiencia pública para resolver una excepción de falta de condición de procedibilidad, antes de que inicie el juicio, para que se suspenda el absurdo proceso que expertos penalistas como el ex magistrado Alfonso Dávila Barboza y el ex procurador Alberto Novoa, han dicho que nunca debió ser admitido.
El objetivo de dicha petición de Asher es que primero se resuelva el fondo del recurso de amparo por los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y luego se reanude el proceso por calumnias que impulsan las CPC.
Eso si es que tampoco se le reconoce a los funcionarios de LA PRENSA, ingeniero Jaime Chamorro Cardenal y Eduardo Enríquez, que sus derechos constitucionales han sido violentados durante todo el proceso judicial.
El magistrado Rodríguez explicó que la magistrada Urroz —de tendencia sandinista— aunque ella es de la Sala Civil Uno, fue llamada a integrar la Sala Dos porque la magistrada Perla Arróliga, la otra miembro de la Sala Dos que es de tendencia liberal, está trabajando en un proyecto en la Corte Suprema durante cuatro de los cinco días laborales de la semana.
Arróliga explicó que ella forma parte de la Comisión Técnica Redactora del nuevo Código de Procedimiento Civil (CPC), por lo tanto se pasa semanas sin llegar al TAM.
Los magistrados sandinistas admitieron el amparo, pero no suspendieron el absurdo juicio, argumentando que: “El acto recurrido es materia de fondo sobre el que ha de resolver la Sala de lo Constitucional”.
El magistrado Rodríguez señaló que en el amparo dentro de un juicio en contra de ex funcionarios del Ministerio de Transporte, entre ellos Pedro Solórzano, sí fue mandado a suspender el proceso porque el recurso iba en contra de una resolución de la Contraloría, que había determinado presunción de responsabilidad penal en contra de los procesados.
“En este caso (el de LA PRENSA) es un juicio que nace de manera privada, privado en el sentido de que alguien acusa, alguien es acusado y hay un juicio de por medio. Si suspendés un juicio, donde ni siquiera ha habido sentencia, igual podés suspender cualquier acto mañana, lo cual atenta contra el principio de seguridad jurídica”, fue la explicación que brindó el magistrado Rodríguez sobre la no suspensión del absurdo juicio.
La abogada Helga Asher presentó el lunes 24 de marzo un recurso de amparo ante el TAM, en busca de proteger los derechos y garantías constitucionales del Presidente de la Junta Directiva de LA PRENSA, ingeniero Jaime Chamorro Cardenal, y del Jefe de Redacción, Eduardo Enríquez, porque les han sido violentados en el proceso que por calumnias está llevando el juez Octavo Local Penal de Managua, Celso Urbina.
Desde el inicio del proceso se ha cometido una serie de ilegalidades en contra de LA PRENSA y a favor de las querellantes, tanto por el juez Urbina como por otros dos judiciales, contra quienes ya se presentó queja ante el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte.
Los jueces Henry Morales y Adela Cardoza ya contestaron al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las quejas que en su contra presentó LA PRENSA, pero el juez Celso Urbina no.
La defensora argumenta en el recurso, que a Chamorro Cardenal y a Enríquez se les han violentado los derechos constitucionales contenidos en los principios in dubio pro reo (a favor del procesado), del debido proceso, de legalidad, de supremacía constitucional, de presunción de inocencia, y de igualdad de los ciudadanos ante la ley.
LA PRENSA también tiene evidencias de que el brazo del Frente Sandinista (FSLN) está detrás del juicio, debido a que las querellantes se trasladan a los Juzgados de Managua en un vehículo ligado a ese partido.
