El Poder Legislativo no recibirá de parte del Ejecutivo los documentos legales de la adquisición que el Estado hizo de las acciones de la transnacional distribuidora de energía, Unión Fenosa, aseguró ayer el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez.
Diputados liberales demandan conocer el contrato de la compra de acciones, pero Gutiérrez sostuvo que esa “enajenación de bienes” no debe ser enviada al parlamento, para su aprobación.
De acuerdo a Gutiérrez, la adquisición de acciones por la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), que tiene personalidad jurídica propia, no obliga al Estado a enviar el contrato a la Asamblea Nacional.
“Cuando una empresa del Estado que tiene patrimonio propio y personalidad jurídica diferente a la personalidad jurídica del Estado, (puede) desarrollar una transacción comercial como es la convalidación de adeudos, eso se hace de la manera más normal y comercial que se puede hacer con cualquier empresa”, dijo Gutiérrez.
ROSALES URGE LEY
Según Gutiérrez, el Estado sí está obligado a dar a conocer y enviar al parlamento el llamado “protocolo eléctrico”, es decir una serie de acuerdos relacionados con el cambio de matriz energética, el mejoramiento de las inversiones en las redes de distribución y una revisión al desfase en el pliego tarifario.
El presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, instó ayer a los diputados de la Asamblea Nacional a agilizar la aprobación total de la Ley de Uso Responsable del Servicio Básico de Energía, conocida como ley antifraude energético, antes de la reunión con el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) programada para mediados de mayo.
Rosales mencionó que están en “juego unos 36 millones de dólares previstos para este año”.
“En el caso del desembolso del 2008, se va a producir en la medida que el directorio apruebe la primera revisión del programa que una misión técnica del Fondo realizó el mes pasado en Nicaragua”, explicó Rosales.
