La oposición no paralizará el trabajo de la Asamblea Nacional, pero sí hará bailar a su propio son al parlamento. Al menos así lo celebraron desde ayer los diputados de las opositoras Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), tras lograr que la Junta Directiva incluyera en la agenda de la próxima semana la discusión de iniciativas contra la resolución del Consejo Supremo Electoral (CSE) para posponer las elecciones en tres municipios de la Costa Caribe Norte.
Además, emitieron por mayoría una resolución de Junta Directiva para “rechazar la resolución ilegal del CSE de suspender las elecciones municipales en los municipios Prinzapolka, Waspam y Bilwi, y el decidir sobre los nombramientos a realizarse de las autoridades de los referidos municipios”.
En la resolución —que no fue firmada por los diputados sandinistas René Núñez y Alba Palacios— los diputados Luis Callejas, Óscar Moncada, Juan Ramón Jiménez, Wilfredo Navarro y Javier Vallejo demandan al CSE y al Poder Ejecutivo respetar la ley, la constitucionalidad, la independencia de poderes y el Estado de Derecho en el país.
La jefa de la Bancada Democrática, María Eugenia Sequeira, confirmó que ya introdujeron a primera secretaría el decreto para la interpretación auténtica de la Ley Electoral.
Además, dijo que la iniciativa de ley que ordena la realización de elecciones municipales en todo el país, con atención especial a los tres municipios de la Costa Caribe Norte, estará en la agenda del martes para pasar a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, presidida por el diputado del PLC, José Pallais.
Según Vallejo, la Comisión emitiría un dictamen favorable para que los votos de la oposición, mayoritaria, aprueben el jueves la iniciativa a favor.
El primer secretario de la Junta Directiva y diputado del PLC, Wilfredo Navarro, agregó que el martes también someterán a discusión y aprobación una declaración contra la injerencia del CSE y en respaldo a la realización de las elecciones en los 153 municipios del país.
PIEDRA EN EL ZAPATO
Pero el camino no está despejado para la oposición. La diputada sandinista y segunda secretaria de la Asamblea, Alba Palacios, dijo que los diputados de su bancada no contradecirán al CSE, porque a su juicio éste tiene la facultad para decidir de manera exclusiva en materia electoral y de lo contrario sería la Asamblea quien propicie el conflicto entre ambos poderes del Estado.
Además, el jefe de la bancada del gobernante Frente Sandinista, Edwin Castro, sostuvo que para la interpretación auténtica de la Ley Electoral, de rango constitucional, se necesita una mayoría calificada de 56 votos y advirtió que la oposición no suma por sí misma esa cantidad. Mientras, los legisladores de la oposición estiman que bastan 47 votos para la misma, por tratarse de aprobar una ley ordinaria.
SERRANO: INTERPRETAR CON 47 VOTOS
Al respecto, el filósofo y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Serrano Caldera, explicó a LA PRENSA que existe todo un debate doctrinario sobre si a través de una ley ordinaria se puede interpretar o no la Constitución Política o una ley de su rango. Sin embargo, dijo que en el sistema jurídico de Nicaragua sí se contempla esa posibilidad, porque el artículo 138 de la Constitución en su inciso 2 establece esa facultad para la Asamblea.
El experto agregó que también se debate sobre si la interpretación de una ley de rango constitucional exigiría una mayoría calificada de 56 votos o una simple de 47 votos. Pero igualmente, dijo que en el sistema nacional bastarían 47 votos para la interpretación a través de una ley ordinaria, debido a que la interpretación no está creando la norma constitucional que ya existe y es a través de leyes ordinarias que se reglamenta la misma Constitución Política.
LEY ANTIFRAUDE “NO PASARÁ”
Los diputados de las bancadas liberales coincidieron en que la aprobación en lo particular de la Ley para la Distribución y Uso Responsable del Servicio Público de Energía Eléctrica, conocida como ley antifraude energético, no continuará entre las prioridades del Poder Legislativo, aunque el Gobierno reclama que ésta es una condición del Programa Económico Financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El FMI advirtió el miércoles que mientras no se apruebe esa ley, no se aprobará una revisión al programa y el organismo no desembolsará 16 millones de dólares en préstamo para Nicaragua, y otros 20 millones de dólares más estarían en riesgo.
Sin embargo, la oposición respondió ayer en una extensa carta a Arbulú, que no existen las “condiciones mínimas” para aprobar esa ley y reclamaron que “no basta el diseño e impulso de adecuadas políticas económicas y sanas intenciones” para garantizar el éxito del programa.
