El experto constitucionalista Cairo Manuel López conversó con Domingo sobre la suspensión de las elecciones en tres municipios de la RAAN. Sobre eso se pronuncia en contra de la suspensión, pues considera que constitucionalmente y legalmente el Consejo Supremo Electoral no tiene potestad.
López también se refiere a la situación en la que se encuentra el pacto Ortega-Alemán del cual dice pasa por momentos críticos y se pondrá a prueba con la resolución del Consejo Supremo Electoral.
El abogado también analiza la actuación de Daniel Ortega durante el período que ha gobernado y el papel de su esposa Rosario Murillo, de quien asegura está violentando la Ley de Probidad al ejercer funciones que no le corresponden. Para él tarde o temprano la población le pasará la cuenta al partido gobernante.
::: A su criterio, ¿a quién le correspondería resolver si hay o no elecciones en la Región Autónoma Atlántico Norte?
En la Constitución Política están normadas las competencias y las atribuciones de cada uno de los Poderes del Estado. En ninguna parte en el artículo que se refiere al Poder Electoral está contemplada esa facultad que pueda tener el mismo CSE. El artículo 173, reformado en 1995 no señala una potestad específica a favor del CSE de que pueda posponer o suspender las elecciones. Por otro lado, el artículo 2 de la Constitución Política establece que la soberanía reside en el pueblo y que el pueblo la ejerce a través de sus representantes, lo que significa que tiene que realizarse un proceso electoral limpio y honesto, transparente en elecciones competitivas.
La Ley de Autonomía municipal es una ley de rango inferior al de la Constitución Política, en consecuencia no puede contradecir lo que dice la ley. A su vez la misma Constitución Política establece la fecha en la que han de celebrarse las elecciones y establece que el período para los concejales y alcaldes es cuatro años. De manera que no podría una ley ordinaria ni la Asamblea Nacional mediante ley ordinaria, prorrogar el período de quienes fueron electos, pues de lo contrario se convertirían en funcionarios de facto y no de derecho.
::: Además de eso que me señala, se hablaba de la reforma a la Ley Electoral que necesitaría dos legislaturas, lo que implicaría que sería hasta el año que viene.
Más bien sería una reforma a la Constitución Política. Para cambiar el período de la fecha de las elecciones tendría que reformarse la misma Constitución, una reforma parcial, que requiere del 60 por ciento de los votos y dos legislaturas. Para reformar la Ley Electoral sólo se requiere una legislatura, pero siempre de una mayoría del 60 por ciento del total de los votos, es decir 56 diputados.
::: ¿Y en ninguno de ellos ve una salida?
Creo que la única salida que podría tener esta crisis es que la Asamblea Nacional, reuniendo los 56 votos, explorara la posibilidad de posponer las elecciones al menos un mes, pero nunca más allá del período en que tienen que tomar posesión las nuevas autoridades; aunque una solución de esta naturaleza presenta contradicción con la misma Constitución Política, la cual es específica señalando que las elecciones han de celebrarse el primer domingo de noviembre.
::: La salida entonces para usted es que no se pueden posponer las elecciones.
Las elecciones no pueden posponerse porque es una expresión de la soberanía nacional que reside en el pueblo.
::: En este país todo puede pasar. Si al final las elecciones no se posponen. Sabemos que dentro de la lista de candidatos solamente dos partidos nacionales, una alianza y un partido regional presentaron candidatos para la RAAN. ¿Los otros no tendrían candidatos?
No, porque terminó el período de inscripción y únicamente estamos pendientes de que los partidos presenten impugnaciones o rellenen aquellos espacios donde algunas personas o candidatos hayan presentado renuncia y se trataría de sustituir, pero ya presentar candidatos no podría el CSE.
::: Uno de los argumentos para suspender las elecciones es que no existen condiciones en esos municipios. ¿Qué tan cierto podría ser y qué tanto podría influir en el hecho de que se suspendan o no?
El CSE se encuentra en entredicho entre la población. Las personas se plantean si realmente lo electoral ha de ser o no un poder del Estado, recordemos que la elevación de lo electoral a poder del Estado se hizo justamente en una reforma a la Constitución de 1950, se mantuvo en la Constitución de 1974 con el rango de Poder del Estado y los sandinistas la ratificaron en ese rango en la Constitución de 1987. En ambas circunstancias se hizo con el propósito de ofrecer al mundo la imagen de que somos un país tan democrático que elevábamos lo electoral a rango del Poder del Estado. Pero con estas actitudes el CSE está evidenciando ineficiencia por un lado y por otro invitando a que en el futuro se puedan proponer reformas en el país para separar lo electoral de las cosas permanentes que deben existir, en este caso concreto, la cedulación y el padrón electoral; porque de otra forma no encuentro justificación para la existencia de un poder electoral como poder del Estado.
::: Entiendo con esto que el CSE y el Poder Electoral estarían limitando todas las normas constitucionales y legales que garantizan a los ciudadanos su sistema democrático.
El rol de un poder del Estado o del Poder Electoral ha de ser garantizar la participación ciudadana y que se exprese libremente la voluntad ciudadana a través de procesos electorales.
::: Quisiera que habláramos del rol que ha tenido el Ejecutivo en todo esto. De hecho, este poder ha dicho abiertamente que no quiere que se realicen las elecciones, argumentando que no hay condiciones para que se realicen las elecciones.
Creo que el Ejecutivo tiene que estar y prestar su apoyo y auxilio para que se celebren las elecciones no para posponerlas. De todas formas, el gobernante o gobernantes saben exactamente los períodos en que se celebra la elección y ha tenido tiempo para superar las deficiencias que hubieran existido, pero en ningún caso la voluntad de un gobernante puede estar sobre la Constitución Política, más bien la existencia de un Estado de Derecho se da cuando el gobernante y los gobernados respetan y obedecen y se someten al imperio del derecho.
::: ¿A su juicio qué hay detrás de esa actitud?
Se habla de intereses de carácter económico, se habla del temor por parte del gobernante que las personas que representan al partido político en esta región hayan perdido el afecto y la voluntad de la población por los resultados del huracán Félix, es decir los resultados en hacer llegar la ayuda a los necesitados que pudiera haber, es decir el voto castigo en contra de sus miembros.
::: También se habla del temor que tiene el partido gobernante de perder Bilwi.
Es un riesgo al que tendrá que enfrentarse el Presidente de la República. La mejor manera es a través de una campaña electoral, aunque ahora ya está inhibido porque no presentaron candidatos. En todo caso las elecciones han de ganarse limpiamente y no posponiendo.
::: Más allá de lo que es legal o no, ¿usted cómo ve el panorama? ¿Cómo ve que se podría resolver este embrollo?
Este es un problema que tiene diversos aristas. Un arista, económico, social, político y jurídico. Dentro de la tradición nicaragüense la solución de los conflictos políticos se da generalmente cuando la clase política encuentra algunas salidas al borde del filo de la navaja, casi en el último instante. Creo que por lo menos en lo que falta del mes de abril, la situación se pondrá más tensa entre la Asamblea, el CSE y ojalá no involucren a los otros poderes del Estado de manera activa. Quizá la clase política encuentre una solución salomónica, pero que no violente ni perturbe el espíritu de la Constitución Política, porque, por sobre todas las cosas, el nicaragüense ha de luchar porque se respete la Constitución Política y el Estado de Derecho.
::: Eso sería lo idóneo, pero tomando en cuenta las características de nuestro gobernante, además de todo lo que se aduce sobre los intereses en este problema, ¿cree que realmente se resuelva así o va a ser como el caso de los CPC que al final se aprobó?
Depende de la clase política. En el momento en que se aprobaron los CPC no estaban próximas unas elecciones. En este momento, los ojos de la población, no sólo los de la RAAN y RAAS, están puestos en torno a este problema y si la clase política no da una solución de altura, probablemente sea aplazada por los mismos ciudadanos.
::: En el caso de los CPC, la Asamblea Nacional rechazó el veto presidencial con respecto a su conformación, luego la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronunció en contra de ello. ¿Legalmente qué mensaje está dando el Ejecutivo?
Es evidente que en esa situación el Presidente de la República ganó, por decir así, esa batalla, pero también es evidente que los distintos actores que intervinieron a su vez salieron bastante desgastados en esa confrontación. Sea cual fuere el resultado de una confrontación política siempre hay un desgaste y el desgaste no solamente está afectando a los líderes más importantes sino que está afectando a los partidos políticos y lo que es lamentable a las instituciones del Estado.
::: Los CPC son un capricho del presidente, bueno más que un capricho, una forma de mantener el poder partiendo de las bases. Hablemos de eso y de cómo ha actuado nuestro presidente.
Diría que lo que hubo fue una estrategia como medio para la consolidación del poder. De alguna manera se advierte que en el seno del Frente existe también una lucha por el poder y los CPC representan una facción muy próxima al Presidente de la República, lo que le permite la consolidación a lo interno. Por otro lado, y en el plano nacional, creo que ha provocado a su vez suspicacia en el resto de los actores políticos, económicos, sociales y culturales y también ha llamado la atención especialmente de gobiernos extranjeros y de organizaciones internacionales como los denominados IFI (Instituciones Financieras Internacionales) que están presionando a favor de la gobernabilidad.
::: Una figura muy representativa dentro de este Gobierno: Rosario Murillo, ha asumido funciones que constitucionalmente no las tiene. ¿Cuál es la base legal de que ella se arrogue poderes que no le corresponden?
En ninguna parte de la Constitución Política aparece la figura de la Primera Dama, por otro lado, eso ha provocado cierta reacción dentro de su mismo partido y también dentro del mundo jurídico. Podríamos decir que estamos ante una situación de hecho que plantea interrogantes futuros en Nicaragua.
::: ¿Cree que nuestra Primera Dama está violentando la Constitución Política y las leyes al ejercer esas funciones?
La figura presidencial nuestra es propia del sistema que concentra en las manos del Presidente de la República tres grandes funciones: función de jefe de Estado, de jefe de Gobierno y de jefe de las Fuerzas Armadas. En el caso de ser jefe de Gobierno tiene la potestad de delegar algunas de las funciones y atribuciones. En este caso lo ha hecho a favor de su cónyuge, que esto roce con la ley de probidad del Estado, pues sí es un hecho, que roce o no con la ley de funcionarios del Estado y servicios públicos también es un hecho; sin embargo, de manera general puede delegar algunas funciones y atribuciones.
::: ¿Y lo puede hacer en su esposa?
Sí, lo puede hacer en su esposa.
::: ¿Entonces ella de ninguna manera está violentando nuestras leyes al ejercer esas funciones?
Diría que la Ley de Probidad sí se ve afectada.
::: ¿De qué manera?
Una persona con un vínculo próximo a un funcionario del Estado no puede ocupar una posición directa de su nombramiento, lo que puede delegar funciones o atribuciones, pero no nombramiento de cargos.
::: Hablemos de la crisis de poderes con relación a la gobernabilidad.
Para hablar de gobernabilidad tendríamos que remontarnos al momento en que se da la Constitución Política de 1987, claramente bajo un signo ideológico fuerte. La reforma de 1995 vino a darle un carácter democrático y descentralizó los poderes que estaban concentrados en la Presidencia de la República que ha sido uno de los mejores momentos que ha habido en la vida institucional de Nicaragua, pero el pacto Ortega-Alemán de 1999 y las consiguientes reformas del 2000 y 2003 y las tres que se hicieron en el 2005 ha echado hacia atrás parte de las reformas constitucionales aprobadas en 1995, posiblemente las consecuencias del pacto se están viendo en estos momentos, una merma de credibilidad de los ciudadanos en muchos de los poderes del Estado, una falta de gobernabilidad en el país y todo esto se ha traducido en una crisis del manejo de la situación económica que aunada a la crisis internacional la mayor parte de la población está resintiendo.
::: ¿Cree que cada poder está cumpliendo con el rol que le corresponde?
Más bien ha de hacer el esfuerzo por cumplirlo.
::: ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que la ciudadanía puede esperar? Desde el punto de vista legal, cualquier cosa puede pasar aquí de acuerdo con el capricho del Presidente.
Hay un descontento de la población de acuerdo con la situación económica que se está viviendo. Hay una molestia en que los salarios no alcanzan, tampoco hay suficientes empleos ni trabajos, parte de la población nicaragüense está migrando al exterior en busca de oportunidades, otra parte se está desencantando de las instituciones políticas y ese desencanto está afectando a los mismos partidos políticos, lo que podría traducirse en un ausentismo en las próximas elecciones municipales, lo que sería bastante lamentable, porque la razón de ser de las elecciones y dentro de un ambiente pluralista es precisamente fortificar la democracia y crear hábitos de conducta democrática en la población.
::: ¿Y cómo ve en estos momentos el pacto?, ¿qué podemos esperar de él?
Creo que se pondrá a prueba en diferentes momentos, por ejemplo uno de estos momentos será la solución que se le dé o no al conflicto de la RAAN; un segundo gran momento pasará por la integración que se pueda realizar dentro de los Consejos Electorales municipales, departamentales e incluso en las Juntas Receptoras de Votos y un tercer momento pasará por la elección de los magistrados de la CSJ, si se los reparten o por el contrario comienzan a incorporar a personas que no pertenezcan a un partido político.
::: Usted pertenece a la tendencia social cristiana. ¿Desde esa posición cómo ve la división que se ha producido dentro de ese partido? Hablo de los que apoyan al Frente Sandinista, los que apoyan a la ALN, los que apoyan al Partido Conservador y los que se declaran independientes.¿Cuál es su visión de esa división?
Siempre me identifiqué con el pensamiento social-cristiano. Veo lamentable que se haya producido esa división. Cada uno de estos grupos tomó su propia opción de acuerdo a la visión que tengan sobre la relación de un partido político con respecto al poder y también conforme a la visión que tengan de cara al futuro. No hay duda que los que se fueron con el Frente Sandinista optaron por ocupar posiciones y granjerías, quienes están en ALN creen que primero hay que vencer al FSLN y los que tienen otra opción creen que tienen que seguir combatiendo el pacto político y la lucha contra la corrupción.
::: ¿Y usted con cuáles se identifica?
Tengo simpatía por la democracia total, por el pluralismo político y no por aquellas opciones que fomentan el bipartidismo.
::: ¿Entonces me está hablando de los independientes?
Los nicaragüenses deben enfrentar el futuro con optimismo y una de estas soluciones pasaría también por enfrentar el pacto político.
::: Entonces el ala independiente
Sí.
