La Asamblea Nacional detuvo hoy el debate sobre la llamada "Ley Antifraude", que establece sanciones administrativas y penales contra los que roben energía eléctrica, en protesta por la amenaza de suspensión de elecciones municipales en el Caribe Norte.
Fuentes parlamentarias informaron de que en la sesión plenaria de hoy los diputados lograron aprobar el artículo 10 de la propuesta con 65 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, pero en la discusión del artículo 11 se presentaron las dificultades.
La diputada liberal María Eugenia Sequeira argumentó que para discutir esta Ley Especial para el Uso Responsable del Servicio Básico de Energía, llamada "Ley Antifraude", no hay condiciones de gobernabilidad en el país.
Según Sequeira, en esta nación existe la amenaza de que las autoridades suspendan la celebración de elecciones municipales en tres municipios del Caribe Norte de Nicaragua, azotado el 4 de septiembre pasado, por el huracán "Félix".
"No podemos permitir que una resolución del Consejo Regional del Caribe Norte (que acordó suspender los comicios municipales en tres alcaldías de esa zona) pueda impedir los derechos constitucionales de la población (de los municipios de Puerto Cabezas, Waspán y Prinzapolka)", dijo Sequeira.
"Consideramos que no podemos seguir aprobando una ley cuando en el país hay condiciones de inestabilidad en cuanto a la democracia y el estado de derecho", dijo Sequeira, quien demandó la suspensión del debate en torno a la "Ley Antifraude".
CSE AÚN NO SE PRONUNCIA
El Consejo Supremo Electoral (CSE) todavía no se ha pronunciado sobre la suspensión o no de las elecciones municipales previstas para el 2 de noviembre próximo, en los tres municipios caribeños.
Pese a todo, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expresó anoche que apoya la suspensión de los comicios en los tres municipios caribeños.
Sequeira advirtió que los diputados de los partidos de oposición del país tienen lista una declaración en que la mayoría expresan que no hay condiciones para continuar discutiendo la ley, a pesar de que la exige el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El presidente del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales, declaró que la no aprobación de esta ley pondría en riesgo el acuerdo económico y financiero firmado con el FMI.
Según Rosales, funcionarios del gobierno de Managua tienen que reunirse con los del FMI para discutir algunos puntos pendientes del programa, entre otros el asunto de la Ley Antifraude, en la reunión del directorio del organismo multilateral previsto para mayo próximo.
Al término de un debate que no fue muy prolongado sobre la propuesta de Sequeira, el presidente del Parlamento, el sandinista René Núñez, sin someter a votación el tema, resolvió suspender el debate, para reanudarlo en fecha que no precisó.
La Ley Antifraude establece sanciones administrativas para los que roben más de 500 kilovatios de energía al mes y penas de cárcel para los que roben más de 1.000 kilovatios.
APROBADA EN LO GENERAL
El proyecto, una iniciativa enviada al Parlamento por el presidente Ortega el 28 de noviembre pasado, fue aprobado en lo general por 75 votos a favor, ninguno en contra y 7 abstenciones, el pasado 13 de marzo.
En relación a esta ley el diputado liberal Wilfredo Navarro ha señalado que la iniciativa debe ser de doble vía, en el sentido de no sólo beneficia a la empresa española Unión Fenosa, distribuidora de la energía eléctrica en Nicaragua desde el año 2001, sino que también de marcarle obligaciones.
Entre éstas, señaló la necesidad de que la empresa invierta en planes para mejorar las redes de distribución y reducir considerablemente las pérdidas de energía que se producen, porque las redes se encuentran en mal estado.
