El presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, reconoció ayer que la no aprobación de la Ley para la Distribución y Uso Responsable del Servicio Público de Energía Eléctrica, conocida como ley antifraude, “es nuestro pegón ahorita”.
Rosales se refirió así al hablar sobre las últimas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la semana pasada.
La no aprobación de la ley antifraude pondría en grave riesgo el programa con el FMI, el cual tiene que ser revisado con todos sus cumplimientos por el directorio del organismo en el mes de mayo de este año.
De ser excluida del programa con el FMI, Nicaragua dejaría de recibir alrededor de 100 millones de dólares como parte de la asignación que este organismo otorga al país. Además muchos organismos que otorgan financiamiento a Nicaragua también dependen de la vigencia del Programa.
Rosales viajó el lunes pasado a Estados Unidos para reunirse con funcionarios del FMI, con quienes discutiría algunos puntos pendientes del programa económico financiero del Gobierno. Entre estos puntos figura la ley antifraude, la cual debió estar aprobada en diciembre del año pasado.
“Ese es un criterio de la primera revisión del programa y debió estar aprobada en diciembre (2007). No vamos a directorio si no está aprobada esta ley”, indicó el presidente del BCN, quien aseguró que hoy estarían dando a conocer los otros acuerdos a los que llegaron con el organismo financiero.
Entre estos puntos están la revisión de las metas de crecimiento y de inflación, las cuales podrían cambiar en dependencia del comportamiento de la economía internacional. Otro factor que incidirá son los precios internacionales del petróleo, cuyo efecto en la inflación nacional ha sido serio.
El incremento salarial para maestros, trabajadores de la Salud, policías y soldados es otro de los puntos en que el Gobierno y el FMI no lograban acuerdo. A los docentes se les incrementaría un 16 por ciento, a partir de recursos liberados de las negociaciones con bancos privados nacionales por la deuda de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis) o bonos bancarios.
Rosales habría dicho a la agencia EFE, previo a su viaje a Washington: “Estuvimos haciendo cálculos alrededor del incremento salarial y estamos todavía discutiendo algunos aspectos de compromisos que tendremos que adquirir en esta nueva carta de intenciones”.
Sin embargo, la aprobación de la ley está cada vez más difícil en la Asamblea.
DIPUTADOS CAMBIAN SEÑA
El presidente del Movimiento Vamos con Eduardo, Eduardo Montealegre, justificó la oposición de los diputados de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN, antes ALN) sobre la denominada ley antifraude energético.
El político aseguró que “existen todavía en esa ley antifraude problemas serios que confrontan a la población y por lo tanto nuestra decisión es que no está lista para seguirse discutiendo (porque) hay preocupaciones de parte de la población de cómo están siendo tratados y no podemos nosotros simplemente porque dicen que el Fondo Monetario (Internacional) ha impuesto esas condicionalidades para continuar discutiendo hasta que se corrija lo que está en la ley”.
“Nosotros no podemos darle una carta en blanco a este Gobierno, simplemente porque el Fondo Monetario le está exigiendo que es parte del cumplimiento, cuando también antes le estaba exigiendo que se refinanciaran los Cenis, que se vendieran las propiedades”, advirtió Montealegre.
El presidente de la Red de Defensa de los Consumidores, Gonzalo Salgado Soza, aseguró recientemente que la ley no resuelve el problema del robo de energía y lo que el Gobierno está haciendo con ella es cumpliendo con un requisito del FMI.
Hay mecanismos para evitar o penalizar el robo de electricidad sin llegar a medidas coercitivas, dijo.
La Asociación de Consumidores de Nicaragua (ACN) y la Organización Pro Desarrollo Comunal “Oscar Lino Paz Cubas” rechazaron, mediante comunicado, la aprobación de la ley, por considerar que sólo beneficia a la distribuidora Unión Fenosa.
