Al analizar las perspectivas de desarrollo de un país, hay que tomar en cuenta tres elementos diferentes, la situación presente y sus antecedentes, el potencial en recursos disponibles y al final la capacidad del país de movilizar y orientar los recursos disponibles hacia el desarrollo. Obviamente hay una relación entre los tres elementos en que pobreza generalizada da un mal punto de partida o que analfabetismo funcional omnipresente no da mucho potencial.
Aun en estas condiciones puede haber menor o mayor capacidad de movilización y esta capacidad no la definen ni los miserables ni los analfabetas sino los, con la mejor preparación, que a la vez en lo general gozan de condiciones de vida mejores —no necesariamente buenas— que las grandes mayorías.
Precisamente a esto apuntaba la consigna ¡A la libertad por la universidad! del rector de la autonomía Mariano Fiallos Gil. Se puede constatar leyendo escritos de y sobre aquellos tiempos, que la universidad, tanto sus docentes y más aún los estudiantes, tenían gran capacidad de movilización, hasta que en la segunda mitad de los ochenta —me consta— se instrumentalizó a la universidad con fines a muy corto plazo y se eliminó por completo la autonomía, resultando hasta hoy día una universidad incapacitada.
No obstante, en términos formales la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, Ley 89, de 1990 les dio a las universidades y su órgano rector, el Consejo Nacional de Universidades, más autonomía legal y responsabilidad —aunque después de peleas constantes— surgió un flujo de recursos materiales garantizado como nunca antes.
Al CNU, vea el Título VIII Capítulo Único de la Ley 89, le toca la exclusiva responsabilidad de velar por el desarrollo de todo el sistema de Educación Superior, en particular según art. 58, velar porque las universidades y centros de Educación Técnica Superior respondan a la formación de profesionales, elaborar y coordinar la política nacional de la Educación Superior del país, en función de los recursos existentes; dictaminar sobre la apertura o cierre de carreras y autorizar la creación de nuevas universidades o centros técnicos superiores.
Por tanto la responsabilidad política por la situación actual de la Educación Superior le cae única y exclusivamente al CNU y sus miembros, a nadie más. Si la ley tiene vacíos, pues hubo 18 años en los cuales el propio CNU hubiera podido proponer reformas a la ley.
De hecho en los 18 años pasados el CNU pareció más interesado en manosear la ley que cumplirla. La ley 89 no conoce a dos clases de universidades, las de adentro y las de afuera del CNU, sino según art. 57 el CNU debería estar constituido por los representantes de todas las universidades, incluidas las instituciones autorizadas por el CNU en virtud del art. 58, inciso 7. Se autorizó cobros por carreras no solamente en las universidades privadas fuera del CNU, sino también en las de adentro del CNU y hasta en universidades estatales, mientras el art. 3 reza que el acceso a las instituciones de Educación Superior es libre y gratuito para todos los nicaragüenses. Al fin el CNU descubrió como su negocio fabuloso la autorización misma tanto de universidades como de carreras a la razón de 20,000 (veinte mil) dólares por carrera, mientras la ley no contiene autorización alguna para tales cobros.
Con tanto potencial jurídico propio no hacían falta las leguleyadas para justificar el atropello permanente a la ley, ni tampoco para el acoso al erario mucho más allá de lo intencionado por el 6 por ciento constitucional, siempre con un solo motivo: plata. Si el presidente del CNU, Telémaco Talavera, pone hoy el grito al cielo por la economización de la Educación Superior, suena como el ladrón maestro gritando: ahí corre el ladrón.
Lo que debe hacerse es rescatar a la Universidad de la servidumbre, bajo la cual la mantienen las autoridades actuales del CNU. Urge el estricto apego a la ley vigente o su reforma profunda lo antes, para volver a la Universidad como anhelada por Fiallos Gil. Si no hay libertad por la Universidad, entonces la misma sólo reproduce la servidumbre también en la sociedad, como ya lo anotaron en sus escritos hace más que treinta años, Julio Buitrago, Manolo Morales, Ricardo Morales y Carlos Fonseca.
