De ser aprobado en la Asamblea Nacional el proyecto de ley sobre vigilancia penitenciaria, la falta de un médico forense en zonas alejadas ya no sería un problema para la valoración de un interno pues el informe de un médico del Ministerio de Salud tendría igual validez.
“Ahora estamos involucrando en ese proyecto de ley al Ministerio de Salud en todos aquellos lugares alejados donde no hay presencia, no hay capacidad de tener un médico forense en todo el país”, explicó la fiscal adjunta Ana Julia Guido.
Mencionó que actualmente un reo cumple una condena y si no tiene un defensor nadie se acuerda de él, por lo que al Juez de Vigilancia Penitenciaria le corresponderá revisar que una vez que éste haya cumplido con su período de pena establecida, inmediatamente obtenga su libertad.
Para la fiscal adjunta, Ana Julia Guido, hay otras medidas consideradas de mucha importancia en el proyecto introducido desde hace varios meses ante la Comisión de Justicia del Parlamento, que aún espera sea analizado por los diputados.
“No hemos tenido una respuesta, ni hemos conocido que esté dentro de la tubería de la Asamblea Nacional. Estamos esperando”, refirió la fiscal adjunta.
DÍAS TRABAJADOS
Guido mencionó por ejemplo, que el proyecto presentado junto al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, incluye la convalidación del trabajo que realizan los internos en las penitenciarías.
“Es importantísimo para nosotros si una persona trabaja se le tiene que tomar como dos días de cárcel, (...) el problema de las personas que tienen enfermedades terminales, que también deben ser consideradas, hay una serie de cosas nuevas y que son relevantes para todos aquéllos que están privados de libertad”, expresó la funcionaria del Ministerio Público.
Indicó que en el proyecto tomaron en cuenta las restricciones establecidas para algunos delitos como los que están relacionados con el crimen organizado, “a los cuales nosotros tenemos que darle todo el peso de la ley”.
Guido destacó que en el país existe prioridad al respeto de los derechos humanos de los privados de libertad.
