Pequeños ajustes y aumentar el número de personal es lo más que puede hacer la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por salvar de una debacle al Nuevo Modelo de Gestión de Despacho Judicial, implantado desde noviembre del año pasado en los Juzgados de Managua como un proyecto piloto.
El vicepresidente de la Corte, Rafael Solís, admitió que, intentando erradicar la corrupción, se le quitaron los expedientes a jueces y secretarios, enviándolos a una oficina única, pero eso provocó un aumento de la burocracia en los Juzgados.
Solís reveló que el próximo jueves presentarán una propuesta a los abogados litigantes para aminorar los problemas creados por el Nuevo Modelo de Gestión de Despacho Judicial, que incluye entre otros ajustes incrementar el número de personal para agilizar el trámite de las causas.
El presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Gerardo Rodríguez, indicó que el modelo no puede ser desmontado, como han pedido los abogados litigantes, pues la cooperación española y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han invertido en el proyecto y el Estado tiene un compromiso con estos cooperantes.
Añadió que la solución al problema radica en aumentar el personal que trabaja en los Juzgados de Managua, pero implicaría un costo adicional de más de 70 millones de córdobas, pues a cada nuevo empleado hay que pagarle prestaciones y dotarlo de herramientas de trabajo (computadoras).
Rodríguez añadió que este modelo se trata de un proyecto piloto, por lo que se le pueden hacer cambios, pero jamás desmontarlo.
Abogados, fiscales, policías, procuradores y los usuarios en general del sistema de justicia se han quejado de la retardación de justicia que existe desde que se implantó el Nuevo Modelo de Gestión de Despacho Judicial.
Una orden de allanamiento solicitada por la Policía puede llevar hasta seis días en ser tramitada.
