El diputado Carlos García, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y el liberal Wilfredo Navarro, consideran confiscatorio el decreto emitido por el presidente Daniel Ortega, que afecta a los empresarios privados de la madera en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
El diputado García y presidente de la comisión de medio ambiente de la Asamblea Nacional, informó que sostuvieron una reunión con representantes del Instituto Nacional Forestal (Inafor), el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) y el Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor), para analizar el decreto, en el cual encontró algunas inconsistencias.
“Consideramos que es confiscatorio el artículo que establece que la madera que se encuentra en los patios de montaña se va a poner a disposición de las comunidades indígenas, ahí habría que hacer una revisión si tenían los permisos correspondientes del Inafor y los planes de manejo adecuado”, manifestó García.
La comisión estudia promover una iniciativa denominada Ley Especial que regula el aprovechamiento de la madera tumbada por el huracán Félix.
Para el parlamentario, la propuesta de Inafor de meter aserríos portátiles a las comunidades indígenas y sobre todo en las áreas donde está la madera en el suelo, violenta la Ley de Veda Forestal.
Por su parte, Navarro precisó que el decreto es un acto confiscatorio de la madera porque esta pertenece a las personas que son dueñas de las tierras, por lo tanto, desde ninguna perspectiva puede darse esa situación.
“Si el Presidente (Ortega) quiere quedar bien con la Costa Caribe, habrá que pagar esa madera a sus dueños, pero de todas maneras cualquier actividad o gestión que se haga para mejorar las condiciones en la Costa Caribe son correctas y nosotros las apoyamos pero dentro del marco de la ley”, observó el parlamentario liberal.
Navarro calificó como una “voluntad totalitaria que manifiesta este gobierno de hacer las cosas imponiéndolas, confiscando, quitando, secuestrando, chantajeando, nos parece que no es correcta y que refleja una vocación totalitaria que al final se puede reflejar en decisiones de Gobierno que perjudiquen y retrocedan el proceso democrático de Nicaragua”.
No obstante, el diputado sandinista Edwin Castro, justificó la medida del gobernante.
“Si se dice que la madera derribada sea utilizada racionalmente y exclusivamente para reparar las casas y rehacer las viviendas del Caribe, díganme ustedes, ¿eso es confiscatorio? ¿Eso no es humanitario? ¿Que no se venda madera al Pacífico ni a ningún otro lado antes de construir las casas de nuestros hermanos del Caribe?, Si eso es confiscatorio, bienvenida la confiscación señores”, puntualizó Castro.
COMUNITARIOS CONTRA DECRETO
Líderes indígenas de Rosita, Siuna, Bonanza, Prinzapolka, Waspam y Bilwi, se reunieron en Rosita para analizar el decreto presidencial que manda a suspender la actividad forestal en la Costa Caribe Norte, y llegaron a la conclusión que el Estado de Nicaragua debe facilitar el proceso de reactivación económica, social, ambiental y forestal, y no detener la actividad forestal.
En una declaración firmada por 20 líderes de los municipios caribeños, cuya copia está en poder de LA PRENSA, demandan a las autoridades municipales, regionales y nacionales, apoyo y respaldo para el aprovechamiento, transformación y comercialización de la madera tumbada por el huracán Félix.
Asimismo están pidiendo el acompañamiento de la Federación de dueños de bosques de Nicaragua (Fedubonic) para la implementación de los planes de trabajo en cada uno de los municipios de la región.
El Coordinador del Gobierno en la RAAN, Reinaldo Francis, dijo a LA PRENSA que el decreto se mantiene y no se va a permitir que siga la explotación del recurso forestal, porque es necesario ordenar al sector.
El decreto presidencial fue emitido a solicitud de las autoridades del Consejo Regional de la RAAN, y contiene el espíritu de las autoridades de la región, dijo el gobernador.
Sobre la demanda de los líderes comunitarios de Waspam, Bilwi, Rosita, Bonanza, Siuna y Prinzapolka, de que el estado facilite el desarrollo económico, social y forestal de las comunidades, el gobernador Francis dijo que esos líderes están siendo utilizados por los madereros de la región y no representan el sentir de las comunidades indígenas del Caribe Norte.
El funcionario agregó que ya se ordenó a la Policía y el Ejército de Nicaragua para que haga cumplir el decreto presidencial y no dejar salir de la región ningún tipo de madera, recalcó.
