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Gerardo Miranda. (LA PRENSA/ARCHIVO )
Colombianos no pudieron analizar voz de Miranda
Comisión pedirá procesar por extorsión al ex diputado sandinista
Eduardo Cruz Sánchez
nacionales@laprensa.com.ni

La grabación que revela el momento en que el ex diputado sandinista Gerardo Miranda supuestamente le pide cuatro millones de dólares al empresario Armel González Muhs, para que este último saliera bien en siete juicios por conflictos de propiedad en Tola, Rivas, no pudo ser analizada por un laboratorio de la Policía de Colombia.

El presidente de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investiga la supuesta extorsión, José Pallais, explicó que la conclusión de la Policía colombiana es que la cinta era inaudible por ser de muy mala calidad.

La Policía había recibido desde hace un mes el informe de la Policía de Colombia, pero fue enviado a la Asamblea Nacional hasta el día de ayer.

Pallais afirmó que, a pesar de que la cinta no pudo ser analizada, existen suficientes presunciones para que el ex diputado Miranda pueda ser procesado por extorsión.

La falta es en perjuicio del empresario Armel González Muhs y sus socios.

Un análisis de la misma grabación, pero en otra cinta, fue analizado en un laboratorio de Estados Unidos, el cual determinó que la voz del que extorsiona pertenece a Miranda, sin embargo, ese estudio fue pagado por los inversionistas afectados.

Otra cinta fue enviada a España, donde se supone hay mejores laboratorios, pero el informe aún no ha sido enviado al país.

El dictamen de la comisión está listo para ser firmado por sus seis miembros, pero los diputados sandinistas Lidia María Mejía y Sadrach Zeledón pidieron 15 días más para escuchar la grabación y hacer una inspección en Tola, Rivas.

“La grabación ha estado a disposición de los miembros de la comisión desde hace más de un mes, incluso hay una trascripción de esa conversación. Pero vamos a darles una oportunidad a los diputados del Frente Sandinista a que escuchen la conversación, y el próximo lunes, a las 2:00 p.m. que ya la hayan escuchado, ver si se adhieren o no al dictamen o ver si hacen un dictamen de minoría”, dijo el diputado Pallais.

Para el diputado Pallais, lo único que están haciendo Mejía y Zeledón es retrasar el dictamen de la Comisión Especial.

RAZONES SANDINISTAS

La diputada Mejía dijo que dentro de las investigaciones también se necesita ver el problema de la propiedad en Tola.

Pero los diputados Adolfo Martínez y Jamileth Bonilla explicaron que la Comisión Especial estaba destinada por la Asamblea Nacional a determinar si había pruebas de la extorsión, y no a resolver problemas de propiedad.

Bonilla expresó que los dos diputados sandinistas estaban buscando cómo ganar tiempo, pero que el problema de propiedad no es competencia de la comisión.

“Ahorita a las 2:00 de la tarde (de ayer) nos acaban de entregar el informe, yo no puedo firmar algo si no se ha trabajado, si no se ha discutido, si no lo hemos consensuado y en ese sentido yo no puedo ser irresponsable con esta comisión, cuando hay ciudadanos que tienen responsabilidad”, fue otra de las razones que presentó la diputada Mejía para prolongar la firma del dictamen de la Comisión Especial.

“Las denuncias vinieron a este parlamento y nos pidieron que formáramos una Comisión Especial para investigar este caso de extorsión que fue lesivo para la inversión en este país. Se ve claramente, en las investigaciones, que Armel adquirió legalmente las propiedades en Tola”, dijo la diputada Bonilla.

LAS PRUEBAS

El diputado Pallais expresó que la mayoría de los miembros de la comisión estaban dispuestos a firmar ayer el dictamen que sugiere a la Fiscalía y Procuraduría General de la República, procesar por extorsión a Miranda.

Los firmantes sería los diputados Adolfo Martínez, Gabriel Rivera, Jamileth Bonilla y el propio Pallais.

“En la propuesta de dictamen que yo presenté como presidente de la Comisión Especial, están claros los elementos que nos llevan a la convicción de que realmente se dio una extorsión y de que el señor Gerardo Miranda incurrió en esta extorsión a los señores Armel González y sus socios”, dijo Pallais.

Según Pallais, cuando Miranda llegó a las oficinas de González Muhs para pedirle los cuatro millones de dólares, varios trabajadores de González escucharon a Miranda cuando supuestamente realizaba la extorsión, porque la puerta quedó semiabierta.

GONZÁLEZ CONDENADO

Miranda en todo momento ha negado la extorsión a González, así como que su voz sea la que aparece en la grabación que presentó el afectado como prueba del delito.

“Mirá, yo te traigo una llave. Mirá, a mí me mandaron... Yo más o menos tengo aquí un resumen... Vos tenés más o menos siete casos (judiciales). Tenés cuatro casos civiles y tres penales”, se escucha en la grabación que González entregó a la Fiscalía.

Aprovechando que el análisis de la grabación en Colombia demoró mucho tiempo, Miranda acusó a González de haberlo calumniado por denunciar en un programa de televisión la extorsión.

González fue declarado culpable de injurias y calumnias en perjuicio de Miranda, por el juez Octavo Local Penal de Managua, Celso Urbina, quien aún no lee la sentencia del caso.

El diputado Pallais precisó que su propuesta es enjuiciar a Miranda, quien también fue designado en su momento por el Gobierno del sandinista Daniel Ortega, como cónsul en Liberia, Costa Rica.

El cargo nunca fue aceptado por el vecino país del sur.

Sobre González, quien es acusado por los sandinistas de ser un traficante de tierras, Pallais no propone ningún tipo de acción.

“Se analizó todo el proceso de adquisición (de las tierras) y no se han encontrado ni nulidades ni falsedades”, dijo Pallais.

El conflicto provocó que el valor de las tierras disminuyera, según informaron varios cooperativistas de Tola, cuando en su momento visitaron a los miembros de la Comisión Especial.

EL ERROR DE GONZÁLEZ

Para la diputada Bonilla, el error de González fue permitir que lo extorsionaran en otras ocasiones para que lo dejaran trabajar en sus proyectos.

“Él podría haber contribuido al dar partidas que le solicitaron los señores dueños de la extorsión para que les dejaran trabajar. Esto no es correcto. Menos mal que llegó a un momento de decir ya no puedo seguir dando más dinero y fue que hizo la denuncia”, señaló la diputada Bonilla.

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