En promedio, cada una de las afianzadoras constituidas por cooperativas de transportistas vende anualmente más de seis mil seguros, sumando fácilmente una venta de treinta mil seguros al año sin el aval de la Superintendencia de Bancos (SIB).
Sólo la Afianzadora Nicaragüense de Transporte (Afintra), una de las más prósperas, ha vendido más de veinte mil pólizas de seguro en los últimos dos años, indicó su gerente y representante del gremio de transportistas, Rafael Quinto.
Afintra, al igual que las otras cuatro afianzadoras de los transportistas, vende seguros de responsabilidad civil por daños a terceros, lesiones o muerte de pasajeros y seguro de licencia profesional, pese a que la SIB, único órgano facultado para regular y fiscalizar la venta de seguros y fianzas, no reconoce esas operaciones.
Un comunicado de la SIB publicado a inicios de la semana dice: “A la fecha no existe ninguna afianzadora de transportistas autorizada por esta Superintendencia para operar en tal calidad y ofertar los seguros obligatorios, ni tampoco se encuentra en trámite ninguna solicitud de autorización de las mismas”.
El problema con la falta de aprobación de la venta de fianzas o seguros por parte de las afianzadoras de transportistas, es que al momento de reclamar el pago de seguros no hay seguridad en el cumplimiento de los pagos.
“No es cierto que pagan los seguros. Son muchas las personas que son lesionadas y no les pagan nada. Además, son ilegales en su funcionamiento”, dijo Gonzalo Salgado, coordinador de la Red de Defensa del Consumidor.
Salgado también criticó la complicidad de las instituciones del Gobierno, que “permiten una estafa a los usuarios, al permitir que trabajen empresas sin la regulación y permiso necesario”.
La crítica no fue bien recibida por Vidal Almendárez, gerente de la Afianzadora de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxis (Fenicootaxi).
“Mañana (hoy) nosotros vamos a pagarle seguros a cinco personas lesionadas en un accidente catastrófico de León, y vamos a seguir pagando como siempre lo hemos hecho”, dijo el gerente de la afianzadora de la Fenicootaxi.
ACEPTAN LA ILEGALIDAD
Los mismos representantes de las afianzadoras de transportistas admitieron su ilegalidad al no ser reconocidos por la SIB.
“Sabemos que el problema radica en que no somos reconocidos por la SIB, pero estamos negociando el procedimiento adecuado para ser totalmente aceptados”, dijo Víctor Obando, de la junta directiva de la aseguradora de la Federación de Transporte de Centroamérica y Panamá (Fetracolnic).
La SIB debe “aceptar el trabajo de las afianzadoras de los transportistas, pero no meterse a regularlas”, dijo en su momento Quinto.
Antonio Betanco, gerente de la aseguradora de la Fetracolnic, indicó que las afianzadoras de transportistas son reconocidas o aceptadas por la Policía Nacional.
“Si fuéramos totalmente ilegales, la Policía no aceptaría nuestros seguros ni permitiría que siguiéramos cumpliendo con la labor social al sector (vender los seguros a mejor precio)”, dijo Betanco.
Incluso, según los dirigentes de las afianzadoras, mensualmente rinden cuentas de sus pagos, ventas y deudas, a la Dirección de Tránsito.
BUSCAN RECONOCIMIENTO
Por su parte, el gerente de la Afianzadora Fenicootaxi, mostró documentación sobre las reiteradas comunicaciones que se han mantenido con la gerencia de la SIB, a fin de “formalizar” las operaciones de las afianzadoras de los transportistas.
“Desde que iniciamos solicitamos una legalización completa con la SIB, pero no nos han dado un chance. Sin embargo, hemos demostrado que somos buenas empresas, pagamos y aun así somos rentables”, dijo Almendárez.
Agregó que las afianzadoras son “empresas rentables y transparentes. Rendimos cuentas, pero no hemos sido legalizados por la SIB, porque ellos tienen el capricho de que convirtamos las cooperativas en sociedades anónimas, y eso está prohibido para nosotros”, dijo.
Fetracolnic, Afintra, Fenicootaxi y otras dos afianzadoras más que operan en el país al margen de lo establecido por la SIB, fueron creadas en el 2005, luego que la Ley 431 entrara en vigencia y permitiera la creación de empresas de transportistas. Pero la misma ley especifica que la SIB dictará el reglamento respectivo “para el inicio de operaciones de estas afianzadoras (de transportistas)”, exigiendo las garantías que establecen para los seguros obligatorios.
En 2005 se especificó que las afianzadoras debían tener al menos cinco millones de córdobas como garantía o capital social. Sin embargo, luego de negociaciones con los funcionarios encargados del tema en ese momento, se acordó que el monto debía ser de tres millones de córdobas como respaldo.
Luego de meses de negociaciones, se acordó que la Policía fiscalizara que las afianzadoras tuvieran al menos 100 mil dólares de garantía.
