El voto en el referendo de la semana próxima sobre el DR-Cafta en Costa Rica, se predice estrecho. Y sea cual fuere el resultado, pesará por muchos años sobre la definición de las políticas de desarrollo de nuestros vecinos y hasta en la integración centroamericana.
Dos bandos grandes y prácticamente igualados en la opinión pública se enfrentaron en las calles (con una ventaja incuestionable del “No”), en los espacios publicitarios (en esta área predominó el “Sí” por gozar de mayores recursos), en los medios, y, como cabía esperarse, en el ciberespacio.
La última encuesta del diario La Nación, divulgada esta semana, no muestra una clara ventaja del “Sí” sobre el “No”. La primera opción goza de la preferencia del 49 por ciento de los ciudadanos habilitados, mientras que la otra, del 46 por ciento. Esa diferencia está dentro del error estadístico (3 por ciento) y lo que tenemos es un empate técnico.
Semejante situación significa un serio retroceso para el “Sí”, el cual gozaba de una ventaja de dos dígitos hace apenas dos meses.
Costa Rica es el único país que aún no ratifica el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos.
Tanto una parte de la sociedad civil —evidentemente la mejor organizada de Centroamérica— como importantes partidos de la oposición, lograron bloquear la aprobación del acuerdo en el último año del Gobierno de Abel Pacheco, luego en el primer año de Oscar Arias. Posteriormente forzaron en abril pasado la convocatoria a un referendo sobre esta cuestión crucial. Curiosamente, será la primera consulta de esta naturaleza en la historia política de medio siglo, pese a su existencia en la Constitución en un país que tanto se ufana de su democracia y de una singularidad, de ser una segunda Suiza.
El país vecino cuenta con la sociedad con los mejores índices de escolaridad en la región y es donde hubo el debate social más amplio sobre el tratado.
Fuera de la coyuntura de hoy y de los intereses particulares en juego, se enfrentan dos concepciones de desarrollo. Y es preciso reconocer que hay figuras muy respetables en ambas trincheras.
De un lado, tenemos una visión que apuesta a una inserción mayor en la economía global a través de la apertura propia y el acceso a grandes mercados extranjeros, más en consonancia con las tendencias mundiales; significa una liberalización del mercado doméstico y la reducción del papel del Estado y hasta la privatización de las grandes empresas públicas de telefonía, energía y otras.
Del otro lado, hay una visión más asociada al pensamiento y a la práctica de medio siglo de un Estado benefactor a la tica, salido del consenso de la clase política tras la guerra civil de 1948: fuerte inversión social, derechos sociales, control del Estado de sectores claves económicos. Todo junto a la actividad empresarial privada, el respeto a la propiedad privada y la paz social.
Es una visión en gran medida desarrollada por el liberacionismo de don Pepe Figueres, y hasta del primer Oscar Arias, quien hoy ha cambiado. En el caso del ICE (energía, telefonía e internet), ésta es una empresa rentable, un caso excepcional en América Latina.
Con US$3,403 millones en exportaciones y con US$4,551 millones en importaciones en 2006, Costa Rica es el principal socio comercial de Estados Unidos en el istmo. Por eso se dieron el lujo de tomarse todo este tiempo.
De modo similar, es el país centroamericano que más exporta a la Unión Europea y es el destino del 60 por ciento de sus exportaciones a la zona.
El resultado del referendo del domingo 7 de octubre también influirá en la participación de Costa Rica en las negociaciones de Centroamérica con la UE y con China de un TLC, uno de los propósitos del rompimiento con Taiwán.
De triunfar el “Sí,” Arias y sus legisladores tendrán el mandato para pasar el DR-Cafta. Pero si el margen es muy estrecho, será solamente para eso, no para nada más.
Si se impone el “No”, Arias será una especie de “lame duck” o pato cojo en lo que resta de su Gobierno, o, como dice el columnista tico Jorge Vargas Cullel, “una reedición sonambulesca, corregida y aumentada, del Gobierno post-Combo de Rodríguez”. Miguel Ángel Rodríguez se vio obligado a capitular ante la presión social en sus propósitos de privatizar el ICE en el año 2000.
Por todo esto, los nicaragüenses debemos estar atentos a lo que pase allá este 7 de octubre.
