Nicaragua bajó este año 16 puntos en el Índice de Percepción de Corrupción, elaborado anualmente por Transparencia Internacional, al pasar del lugar número 107 que ocupó el año pasado, al 123 en 2007.
En la presentación que se hizo en Managua de este Índice de Percepción de Corrupción, de Transparencia Internacional, el miércoles de esta semana, se trató de suavizar el descenso de Nicaragua y se atribuyó a que fue porque otros países mejoraron su situación en el ranking mundial de corrupción, no porque la de Nicaragua hubiera empeorado. Pero es inobjetable el hecho de que hay una brusca caída de 16 puntos en este último año, que sitúa a Nicaragua —o más bien a su Gobierno— en un lamentable predicamento ante la comunidad internacional.
En realidad, es lógico que Nicaragua cayera bruscamente, este año, en el Índice de Percepción de Corrupción. Hasta el año pasado, el Gobierno anterior por lo menos simulaba luchar contra la corrupción; o luchaba realmente aunque sus esfuerzos resultaran infructuosos ante la fortaleza del caudillismo corrupto que domina la mayor parte del aparato estatal. En cambio ahora, en el Gobierno de Daniel Ortega ni siquiera se habla de lucha contra la corrupción, más bien se encubren hechos escandalosos como el de Arenas Bay, en el que hubo una grave denuncia de que altos personeros del partido gubernamental estaban extorsionando a empresarios del área turística, pero los castigados han sido los mismos denunciantes.
También es comprensible el aumento de la percepción de corrupción en Nicaragua, debido a la política de secretismo que practica el Gobierno de Ortega, que niega u oculta la información a los medios de comunicación independientes y la divulga “filtrada” en los medios oficialistas y comprados. Es lógico pensar que si hay falta de transparencia es porque se ocultan actos indebidos.
Pero de todas maneras la gente se da cuenta de las negociaciones inverosímiles de representantes del Gobierno con compañías de dudoso origen e incierta capacidad competitiva; sabe del empeño del Gobierno en ocultar los beneficios que produce el petróleo venezolano; conoce que algunos jefes de los CPC de la noche a la mañana construyen o reconstruyen sus viviendas y mejoran súbitamente de estatus; comenta sobre los conflictos de intereses en entidades del Gobierno y, en consecuencia, la percepción de corrupción continúa aumentando.
No es casual, dicho sea de paso, que también Venezuela, donde domina el régimen de izquierda autoritaria del coronel Hugo Chávez, que es ahora el modelo de Daniel Ortega, cayó estrepitosamente en el Índice de Percepción de Corrupción, pues pasó del lugar 141 que ocupó el año pasado al 162 en 2007. En cambio es interesante el caso de Cuba, que en 2006 estaba en el sitio número 67 y este año subió al 61, lo cual puede atribuirse a la expectativa de cambio que causó la salida de Fidel Castro del Gobierno y la esperanza de que con Raúl Castro podría mejorar la situación general de ese país.
Cabe señalar al respecto que esas expectativas no son infundadas, al menos teóricamente, si se considera que el 22 de agosto de este año el Gobierno de Raúl Castro promulgó un Decreto Ley en el que se establecen drásticas sanciones para los funcionarios gubernamentales que cometen actos de corrupción. Ya en septiembre del año pasado, al clausurar un congreso sindical, Raúl Castro había anunciado que libraría una amplia lucha contra la corrupción y la indisciplina laboral que carcomen la sociedad comunista cubana. Desde ese momento los medios de comunicación oficialistas, que son los únicos permitidos en ese país comunista, comenzaron a publicar denuncias de robos, despilfarros y negligencias en la administración pública, así como a divulgar los “castigos ejemplarizantes” que las autoridades gubernamentales estaban imponiendo a los corruptos.
Eso puede ser una farsa, como tantas otras que hubo en el pasado, durante el casi medio siglo de régimen comunista en Cuba. Pero la realidad es que hay en ese país una campaña pública contra la corrupción, lo cual se refleja necesariamente en el Índice de Percepción de la Corrupción. En Nicaragua, por el contrario, ni siquiera por demagogia se habla ya de lucha contra la corrupción y más bien se ha impuesto un secretismo gubernamental que inevitablemente aumenta la percepción de corrupción.
