Finalmente el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser) logró una importante victoria judicial, frente a una demanda millonaria promovida en su contra por la empresa Agroindustrial S.A. (Agroinsa).
La Sala Civil de la Corte prema de Justicia (CSJ) dictó una sentencia, dada a conocer ayer a las partes involucradas, cuya parte medular da la razón a Iniser en el juicio donde estaban de por medio catorce millones de dólares.
Agroinsa entabló demanda ejecutiva contra Iniser, en reclamo por el pago de los daños que sufrieron dos turbogeneradores eléctricos en un siniestro. El argumento de la empresa demandante era que el daño estaba cubierto por el contrato de póliza.
Fuentes judiciales informaron que la sentencia fue fallada por tres magistrados sandinistas y dos liberales.
También informaron que el magistrado Sergio Cuarezma se excusó de firmar la sentencia, debido a que durante el juicio y antes de llegar a ser magistrado, fungió como asesor externo de Iniser, por lo cual estaba inhibido de participar en esta decisión.
A lo largo del juicio, Iniser no había logrado obtener ninguna decisión judicial a su favor. Incluso, en el 2003, la entonces juez Tercero Civil de Distrito de Managua, Vida Benavente, ordenó su embargo, pese a tratarse de un bien del Estado.
Benavente ordenó subastar nueve propiedades del Iniser, basándose en una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) emitida en julio del 2002, que le ordenó continuar la ejecución del proceso.
Pese a la insistencia del Iniser en demostrar que las propiedades a ser subastadas pertenecen al Estado, la juez Benavente contrarió esta afirmación y consideró que es un ente autónomo.
Originalmente Agroinsa demandó el pago de siete millones de dólares, por el daño ocasionado durante un accidente en tres turbogeneradores de la empresa azucarera, pero la cifra aumentó a catorce millones por los intereses y demás gastos legales incurridos durante el proceso judicial por la vía Civil.
El conflicto entre ambas empresas surgió por si los turbogeneradores estaban cubiertos por el seguro de 85 millones de dólares, el total de la póliza.
Iniser argumentaba que estaban dentro de las exclusiones del contrato y se negó a pagar el monto aduciendo falta de fondos.