La industria maderera en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) atraviesa por una gran incertidumbre a raíz de la publicación del decreto presidencial 92-2007, el cual califican de racista y confiscatorio, porque pretende expropiar y llevar a la ruina a la empresa forestal privada de la región.
Las autoridades del Consejo Regional y el gobierno de Daniel Ortega mandaron a suspender la actividad maderera en la RAAN, después del paso del huracán Félix y dispusieron que la madera tumbada se usara para reconstruir las viviendas destruidas por el fenómeno.
Sin embargo, el decreto fue más allá. No sólo se refiere a la madera que pueda extraerse de los árboles arrancados por la fuerza de los vientos, sino que en su artículo cinco el decreto dice:
“El producto forestal existente en patios de acopios o en la industria forestal, ubicada en la RAAN, se orientará a suplir de manera inmediata la demanda de madera para la reconstrucción de viviendas e infraestructura de las comunidades indígenas afectadas por el huracán Félix”.
“Esto violenta el derecho de los dueños de bosques y toda la cadena productiva de la región, a trabajar normalmente en su actividad económica” expresó un empresario que prefirió el anonimato.
En tanto en Prinzapolka, donde hay unos 27 planes de manejo forestal, los empresarios que tienen una gran cantidad de madera en patios, así como en Bilwi y Waspam, demandan una revisión del decreto presidencial para que en aquellos municipios donde el huracán Félix no les afectó, continúe normal el trabajo de la industria forestal.
“QUE GOBIERNO PAGUE”
Por su parte David Quintana, director de la Red de Comunicación Ambiental, capítulo Nicaragua, dijo a LA PRENSA que, el decreto presidencial es confiscatorio y de medidas extremas, porque atropella a todo el sector forestal que desarrolla en la región un aprovechamiento sostenible de la madera, pues mucha de la madera acopiada, desde antes del huracán, ya había cumplido con todos los requisitos de ley para su extracción.
Quintana agregó que esto debe servir como un llamado de alerta a la pequeña y mediana empresa forestal privada nicaragüense, porque el artículo cinco de ese decreto manda a confiscar madera en patio y exige a la industria asentada en la zona a suplir de manera obligatoria la demanda de madera para reconstrucción.
“No estamos en contra de que los indígenas usen la madera para reconstruir sus viviendas, pero consideramos que si la madera tiene dueño, esta debería ser pagada por el Gobierno a esos empresarios, cuyas familias subsisten de esa actividad forestal”, afirmó Quintana.
Según datos de la industria maderera, existen seis millones de metros cúbicos de madera derribada por el huracán Félix, equivalentes a unos 500 millones de dólares, el problema es que las comunidades indígenas no tienen capacidad de aprovechar este recurso porque no cuentan con maquinarias para convertirla, según explicaron los empresarios a LA PRENSA.
DEFIENDE DECRETO
El diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Carlos García, presidente de la Comisión del Medio Ambiente del parlamento, dijo que lo valioso del decreto ejecutivo es que dará a las comunidades una oportunidad económica para que ellos generen ingresos y mano de obra mediante la instalación de medios de producción en las comunidades indígenas, para la transformación de la madera.
“Lo ideal sería que el Gobierno y la empresa privada intervengan para que la madera sea extraída de donde está, porque representa un peligro de magnitudes catastróficas si llegaran a ocurrir incendios forestales”, indicaron los empresarios.
En Rosita algunos madereros enviaron una carta al alcalde liberal de ese municipio, José Iglesias ramírez, a quien pidieron su apoyo para que el presidente Daniel Ortega rectifique su decreto.
En la misiva señalan que ese municipio es eminentemente forestal, y que la disposición presidencial es racista, que va en contra de los mestizos de la región, porque les quita el derecho a trabajar.
