De vez en cuando —y sólo de vez en cuando— ocurre en Latinoamérica que un tribunal haga justicia, es decir, que falle apegado a los hechos y al derecho, en vez de obedecer a una negociación política. La Corte Suprema de Chile hizo esto al aprobar recientemente la extradición hacia Perú del ex presidente peruano Alberto Fujimori, acusado en su país de violar los derechos humanos y de estar involucrado en actos de corrupción durante el tiempo que se mantuvo en el poder, o sea de 1990 al 2000. Como todo fallo de un supremo tribunal, este es inapelable de tal manera que Fujimori fue enviado a Perú para enfrentar acusaciones en su contra ante los tribunales de ese país. Fujimori fue encarcelado en una estación de Policía y de inmediato se declaró enfermo para exigir que lo pusieran en libertad, aunque antes de ser detenido estaba tan sano que quiso ser senador en el Japón y otra vez Presidente de Perú.
Fujimori utilizó a Vladimiro Montesinos para transferir fondos del Estado por varios millones de dólares, poco antes de huir hacia Japón y se estima que defraudó al Estado peruano con más de cien millones de dólares entre 1992 y el 2000. Asimismo, se le acusa de haber ordenado al Grupo Colina —una escuadra militar de oficiales de inteligencia— la ejecución de 24 ciudadanos a principios de 1990 y de numerosos estudiantes en 1992.
Aunque Fujimori es mayoritariamente rechazado en Perú, cuenta con secuaces que se beneficiaron económicamente durante su gestión y lo defienden activamente. Un grupo de ellos organizó un acto de bienvenida en los alrededores del aeropuerto y marchó portando pancartas que decían: "Chino, te queremos" y otras tonterías similares. Sin embargo, madres de víctimas del régimen de Fujimori también marcharon para festejar su captura y enjuiciamiento.
No hay que olvidar que Fujimori cuenta con amigos poderosos en Perú, incluyendo jueces, magistrados y diputados, que seguramente van a presionar para conseguir un fallo favorable o al menos que goce de ciertas prerrogativas. Fujimori se podría convertir fácilmente en el Arnoldo Alemán peruano, pactando cuotas de poder político con el actual gobierno. Lo cual, desde luego, es el peor escenario de lo que podría ocurrir al pueblo peruano.
No obstante, cabe la posibilidad de que Fujimori sea condenado por la justicia peruana y que pague por sus delitos. En todo caso, el fallo de la Corte Suprema de Chile constituye un precedente importantísimo para la vida política de América Latina y para el derecho internacional. En este sentido, Alfredo Etcheberry, el abogado chileno que representó al gobierno de Perú en el caso de extradición, dijo: "Es la primera vez que Chile concede una extradición de un ex jefe de Estado al país solicitante… Se trata de un punto crucial para el Derecho Internacional".
En efecto, tradicionalmente los ex jefes de Estado corruptos han esquivado la justicia de sus países, huyendo a otros. Así ocurrió con el ex dictador paraguayo, Alfredo Stroessner, el cual vivió exiliado en Brasil desde 1989 hasta su muerte el año pasado. A pesar que había entre esos dos países un tratado de extradición, Stroessner siempre supo que Brasil no lo entregaría.
Si bien el corrupto ex presidente Alberto Fujimori —que hace algunos meses pretendió un escaño en el senado japonés — dijo que la extradición era parte de su plan de regreso a Perú, la verdad es que jamás esperó este resultado y no es verdad que "estaba física y emocionalmente preparado" para enfrentar el giro repentino que dio su situación. Sobre todo, considerando que el fallo de los magistrados chilenos fue unánime con respecto a los cargos de violación de los derechos humanos, lo cual, sin duda, será esgrimido por el Ministerio Público peruano como un argumento en su contra.
Sería bueno que las legislaciones latinoamericanas unificaran criterios con respecto a la extradición de políticos delincuentes que, como Fujimori, han estafado al pueblo que les eligió, han cometido todo tipo de crímenes para conseguir sus egoístas objetivos y, sin embargo, viven en la impunidad, disfrutando de lo que no les pertenece. Los países latinoamericanos deben dejar de servir como refugio de esos delincuentes corruptos.
