El Procurador General de la República, Hernán Estrada, afirmó que están abiertas las opciones penales y civiles en contra de todas las personas involucradas en el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), desde el origen de los mismos.
En declaraciones a un canal local de televisión, el procurador Estrada aseguró que para la Procuraduría General de la República (PGR), todavía el caso de los Cenis no ha prescrito y se va a hacer el esfuerzo para que no quede en la impunidad.
“Éste es un delito concatenado, es un delito continuo, de tal forma que todos los que se vieron en el origen del mismo involucrados, son parte integrante de la comisión del delito. Dejamos abiertas todas las opciones penales y civiles para resarcir el daño”, dijo el procurador.
Estrada explicó que delitos continuados significa que el ilícito se inició en un determinado momento y tuvo diversas facetas. “Son (hechos) concatenados, no se puede separar lo que fue la emisión de los Cenis de lo que fue la negociación de los mismos y posteriormente la subasta”, afirmó Estrada.
UN PROBLEMA DE ESTADO
El procurador manifestó que el caso de los Cenis es un problema de Estado, porque está de por medio la estabilidad económica financiera del país, también las relaciones con la comunidad internacional y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Las decisiones se deben tomar en conjunto con varias entidades y con el Presidente de la República. Al final de cuentas es él (Daniel Ortega) quien toma las decisiones”, expresó el abogado del Estado.
Aclaró que la PGR aún no ha sido notificada sobre la resolución de la Contraloría General de la República (CGR), sobre las presunciones penales que dictó en contra de Eduardo Montealegre y cinco ex directivos del Banco Central.
CSJ ANALIZARÁ CENIS
El vicepresidente del Poder Judicial, Rafael Solís, consideró que la Sala Constitucional podría analizar el caso de los Cenis, haciendo una distinción de los bonos emitidos.
La propuesta de Solís es diferenciar entre la emisión total de Cenis y los que fueron usados para pagar préstamos que estaban en la categoría A y se reclasificaron (antes del 2001) como D “y aún así el banco que agarró los Cenis las está cobrando, es decir, está ‘dupleteando’”.
Solís es miembro de la Sala Constitucional, la cual deberá aclarar si la emisión de Cenis fue legal o no, en respuesta a varios recursos de amparo introducidos por ex funcionarios de la Superintendencia de Bancos (SIB) contra la Contraloría General de la República (CGR). Se espera que esto ocurra la semana próxima.
“Esos casos de todos los Cenis que se emitieron con motivo de las reclasificaciones de la deuda pudieran ser los que se investiguen. A lo mejor eso significa 50 ó 60 millones de dólares, pero no los 500 millones de dólares que significaría poner en serios aprietos al sistema financiero, su credibilidad y la misma credibilidad internacional del Banco Central y del Gobierno, porque estos Cenis andan circulando por todo el mundo y muchos bancos extranjeros ya los han comprado”, sostuvo el magistrado.
Solís consideró que no es conveniente adelantarse a decir que los Cenis no deben pagarse, como lo expresó recientemente el procurador general Hernán Estrada.
Agregó que el Estado puede ejercer acciones civiles contra las personas responsables de la emisión.
