La Corte Suprema de Estados Unidos anunció este martes que examinará el recurso de dos condenados a muerte de Kentucky (centro) que alegan que el método de ejecución por inyección letal es contrario a la Constitución.

Este anuncio podría generar la suspensión de la mayoría de las ejecuciones previstas hasta que la más alta instancia judicial del país tome una decisión.

“Durante los próximos seis meses podría ser que se suspenda la mayoría de las ejecuciones”, estimó Richard Dieter, director del Centro de Información sobre la pena de muerte.

Aplicada por primera vez en 1982 con el fin de ofrecer al condenado una muerte tranquila y rápida, la inyección letal se ha utilizado en más del 80 por ciento de las ejecuciones en Estados Unidos. El procedimiento, que fue confidencial durante mucho tiempo, no está fijado por ninguna ley. Consiste generalmente en la administración sucesiva de sodio tiopental para dormir al condenado, bromuro de pancuronio para paralizarlo y finalmente cloruro de potasio para provocar un paro cardiaco.

Si este proceso es respetado, la dosis anestesiante es suficiente para impedir que el condenado sufra o experimente algo, ni siquiera la muerte.

Pero el sodio tiopental a veces no actúa suficiente tiempo y el personal paramédico de los centros penitenciarios suele no tener la formación suficiente para administrar correctamente el producto.

Según sus detractores, este procedimiento no garantiza que el condenado esté inconsciente durante la administración de las dos últimas sustancias. Por lo tanto corre el riesgo de sufrir atrozmente y sin poder expresarlo, puesto que el segundo producto lo paraliza del todo. La tercera sustancia provoca tal ardor que está prohibida incluso para matar a los animales por eutanasia.